COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
MEZQUINDAD E IRRESPONSABILIDAD OPOSITORA
EN EL CASO DE VIGILANCIA POR FUERZAS ARMADAS
Con mezquindad y buscando lucro político con un tema delicado y que preocupa a todos los mexicanos (menos a los delincuentes), la oposición en el Senado de la República frustró la aprobación de la minuta de reforma constitucional enviada por la Cámara de Diputados Federal, relacionada con la prórroga para que soldados y marinos cumplan labores de seguridad pública hasta el 2028.
Se trataba simplemente de modificar y extender el plazo contenido en un artículo transitorio, el quinto, de la reforma constitucional del 2019, donde se autorizó el apoyo del Ejército y la Marina en tareas de protección a la sociedad frente a la delincuencia organizada y desorganizadas, en apoyo de la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales.
Ambas instituciones armadas deben permanecer en las calles y zonas rurales y semirurales hasta marzo de 2024, justo cuando se desarrollen campañas para elegir presidente o presidenta de la República, senadores, diputados federales, nueve gobernadoras o gobernadores, diputados locales y alcaldes.
El no aprobar de la reforma en cuestión obligaría a las fuerzas armadas a concentrarse en sus cuarteles, mientras la población quedará a merced de la delincuencia organizada y desorganizada, en medio de tensiones políticas por la lucha en busca de los espacios de poder, comenzando por la elección presidencial.
La oposición, y la ultraderecha que la financia, con ruindad busca que la violencia, inseguridad y delitos, incluyendo las agresiones y víctimas por motivos de las campañas electorales generen un malestar general contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, para que puedan reconquistar la presidencia de la República o, por lo menos, la mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión.
El dictamen aprobatorio de la minuta requería de mayoría calificada; es decir, de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión, para ser avalada, lo cual sólo era posible con el apoyo de al menos 11 senadores ajenos a la alianza que encabeza el PRI en el Senado, y no tener Morena la seguridad de alcanzar ese apoyo, retiró el dictamen, para volver a presentarlo a más tardar el 5 de octubre próximo. De no lograr su aprobación, la delincuencia organizada estará feliz, pero la población quedará indefensa y preocupada.
Los argumentos de la oposición para justificar su rechazo a apoyar la iniciativa fueron en el sentido de que se estaba profundizando la militarización del país, cuando lo que se buscaba, busca y buscará será que soldados y marinos hagan exactamente lo que están haciendo: labores de seguridad en favor de la población, como lo hacen con apoyo de un marco constitucional, inexistente en diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa los sacó de los cuarteles, para combatir al narcotráfico, tarea que no tenía sustento constitucional y por la cual jamás se inconformaron quienes ahora hablan de “militarización”.
Por cálculos políticos, ruindad y en busca de rentabilidad electoral del 2024, la oposición está dispuesta a dejar indefensa a los mexicanos, al no permitir que soldados y marinos desarrollen tareas de seguridad pública después de marzo del 2024, y agregan otro argumento falso: que no se preparó a las policías estatales y municipales y eso es culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando la profesionalización, capacitación permanente, equipamiento y adquisición de armas son obligaciones de los gobernadores, no del gobierno federal.
Aun así, la federación destina fondos a ese fin, pero las corporaciones policíacas locales no se capacitan, y si en las entidades federativas han bajado los delitos es por el apoyo de la guardia nacional, soldados y marinos, a quienes quieren retirar de las tareas de seguridad pública los senadores, incluyendo a los de estados en manos del PRI o PAN, cuyos gobernadores no pueden con sus puras fuerzas de seguridad abatir los altos índices delictivos del fuero común.
