*No examinan objetivamente el problema de la inseguridad pública y violencia.
De la redacción
El debate sobre si es necesaria o no la vigilancia de elementos de las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la de Marina (SEMAR) se vició de origen, porque la oposición privilegió la descalificación y el desprestigio de la estrategia de seguridad y paz del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lugar de examinar fríamente los motivos de la presencia castrense fuera de sus cuarteles.
La ex secretaria de gobernación y senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, se refirió al enfoque sesgado de la polémica por parte de quienes están en desacuerdo y combate al mandatario, la mayoría de las veces con calumnias, invenciones y visiones simplistas del complejo problema de la violencia e inseguridad públicas.
Ex integrante del gabinete presidencial, Sánchez Cordero hizo notar que los cuestionamientos a la estrategia nacional de seguridad y paz no toman en cuenta que el problema de fondo -el cual obliga a encomendarles a soldados y marinos funciones de seguridad pública- es la falta de capacidad de las corporaciones policiacas estatales y municipales para hacer frente y erradicar a la delincuencia.
También se soslaya el hecho de que la incidencia delictiva, reducida con la participación de Guardia Nacional, soldados y marinos, se relaciona directamente con las autoridades estatales, pues las estadísticas sobre el número de delitos reportados con el fin de atacar al gobierno de la República son del fuero común, no del federal, recordó.
Es decir, la prevención, persecución y castigo corresponde a los gobiernos de los estados, a sus policías, a las fiscalías generales de justicia y a los poderes judiciales estatales, pero los adversarios al presidente López Obrador presentan la información y los análisis como si resolver esos problemas fuera obligación exclusiva de las autoridades federales, reiteró la senadora.
Tanto Sánchez Cordero como el propio mandatario del país recordaron que son los gobiernos de las entidades federativas quienes solicitan el respaldo de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para combatir a la delincuencia, especialmente la organizada. Y reconocen la importancia de ese respaldo en las tareas de vigilancia.
No obstante, permanecen ajenos en el debate sobre las actividades de vigilancia de las fuerzas armadas en el territorio nacional, y mejor la población opina y pide que continúen brindando seguridad y combatiendo la violencia, porque saben que sus policías no tienen capacidad para brindarle la protección que necesitan con urgencia.
