OBLIGACIÓN DE ESTADOS LA
PREPARACIÓN DE SUS POLICÍA
URGE DESPOLITIZAR Y NO PERVERTIR EL ANÁLISIS
DE INSEGURIDAD PÚBLICA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
Próximo a cumplirse 16 años de la “guerra” desatada contra el narcotráfico por el entonces presidente Felipe Calderón, en su estado natal, Michoacán, las condiciones que justificaron la utilización de soldados y marinos; es decir, la incapacidad de los cuerpos de seguridad estatales y municipales para combatir y erradicar ese fenómeno criminal siguen presentes.
El anuncio del combate a la delincuencia organizada, entonces dedicada en el país casi exclusivamente al trasiego y venta de drogas, sin la diversificación que hizo después, se acompañó con el compromiso de dotar a las corporaciones policiacas locales de capacidad operativa, logística, poder de fuego e inteligencia para cumplir con sus obligaciones, sin necesidad del respaldo de las fuerzas armadas.
Ni la profesionalización, ni siquiera el control de confianza, ocurrió, como lo prueba la necesidad de que sean la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina quienes carguen con la parte más riesgosa del combate a la delincuencia organizada y a la desorganizada, en el territorio nacional.
El tema se politizó y partidizó. Su discusión por parte de los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene como finalidad exponer un presunto fracaso de la estrategia de seguridad. No importa que los datos estadísticos oficiales duros indiquen que se avanza en la reducción de los delitos de los fueros federal y común, precisamente, con el apoyo de las fuerzas federales.
La responsabilidad en la falta de profesionalización de las policías estatales y municipales se la atribuyen al gobierno federal, pero personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, y para nada mencionan siquiera que esa es una obligación de las autoridades de los estados, a quienes debe exigírseles la rendición de cuentas.
No podría estarse en desacuerdo en que soldados y marinos deberían dejar de participar en tareas que le corresponden a las policías estatales y municipales, pero sólo hasta que estas corporaciones sean profesionales, capacitadas, adiestradas, con el armamento necesario para combatir a los delincuentes organizados, con buenos salarios y con un riguroso control de confianza desde el elemento de menor jerarquía hasta el mando de todos.
Esto último pareciera ser lo más fácil de concretar, pero ni siquiera eso se logra, como lo prueban los casos de uniformados dedicados a actividades ilícitas, de lo cual el Estado de México es un claro ejemplo. Hace no mucho fue desarticulada una banda de secuestradores y extorsionadores integrada por policías ministeriales y de la Secretaría de Seguridad.
Son numerosos los casos de policías que delinquen, comenzando por aquellos que, en lugar de dedicarse a brindar protección y seguridad a las personas y sus bienes, extorsionan a la población, al grado que conductores de vehículos de carga se quejan de que en el territorio mexiquense es en donde más dinero les quitan en forma ilícita los policías estatales y municipales.
En diciembre se cumplirán 16 años de la presencia de soldados y marinos en las ciudades y zonas rurales, porque los cuerpos policiacos estatales y municipales siguen sin capacidad operativa, logística, sin tareas de inteligencia, mal pagados y sin reconocimiento social. No se han depurado y el control de confianza se simula.
