*Beneficios de la corrupción llegan a los altos niveles, sostuvo diputado.
De la redacción
Los numerosos y graves problemas prevalecientes en los penales mexiquenses están convertidos en una “bomba de tiempo”, advirtió el diputado local Ariel Juárez, quien recalcó “se trata de un problema muy delicado”. Como presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario de la Legislatura Local, conoce bien el tema de las cárceles del Estado de México, en las cuales existe la extorsión a familiares de los presos. Y se les cobra hasta por ingresar a visitarlos.
Se trata, advirtió, de un problema muy delicado por los intereses involucrados, los cuales se benefician de la corrupción; es decir, los funcionarios del sistema estatal de penales.
La violación de derechos humanos y la corrupción se expresan en diferentes modalidades, enmarcadas en la corrupción, condiciones inadecuadas, carente de higiene, hacinamiento, malos servicios de salud, entre muchos vicios arraigados.
El legislador, diputado local por Cuautitlán, sostuvo que está documentado cómo todo se cobra ilegalmente en los penales mexiquenses, lo cual conocen bien la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y las organizaciones y asociaciones civiles que trabajan a favor de los derechos humanos.
Recalcó que las cárceles del Estado de México son una mina de oro, de la cual se benefician muchos niveles del gobierno estatal, por lo cual resultó muy difícil la aprobación de la iniciativa para que la Comisión Legislativa por él encabezada pueda visitar y revisar el funcionamiento de los penales de la entidad.
Anunció que las visitas para conocer las condiciones existentes en los penales se efectuarán próximamente, y sólo espera el enlace con el Poder Ejecutivo y que las autoridades de la Secretaría de Seguridad (de donde dependen las cárceles) instalen las mesas de trabajo, a las cuales deben asistir los directores de las cárceles.
Las extorsiones a familiares llegan a tanto que éstos lo piensan dos veces antes de ir a los penales a visitar a las personas privadas de su libertad, como con eufemismo le dicen a los cautivos. Cuando les piden documentos y los pagan, no les queda dinero para las extorsiones.
Ariel Juárez Rodríguez reprobó que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado quieran establecer una especie de bono para agentes ministeriales y agentes del ministerio público por cada detenido e indiciado, sin importar que sea inocente, cuando debía premiarse la captura de los verdaderos criminales.
