COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
CUESTIONAN EXTENSIÓN DE MAURILIO
De acuerdo con la opinión de constitucionalistas, la extensión por seis meses del diputado local Mauriio Hernández González como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Poder Legislativo mexiquense es inconstitucional; es decir, infringió disposiciones de la Máxima Norma del país.
Lo inconstitucional habría sido, no su elección unánime para un período de 6 meses, que concluirá en marzo, sino las maniobras legislativas realizadas para permitir la continuidad del diputado Hernández González al frente del principal órgano político de la Legislatura del Estado de México, que encabezó durante 4 años.
Debió entregar la posición este mes al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la bancada con el segundo peso numérico en la representación popular del Estado de México, pero diputados de todos los partidos estuvieron de acuerdo en que siguiera al frente, para lo cual modificaron la legislación interna del Legislativo.
Es precisamente esta maniobra legislativa lo que haría inconstitucional la elección de Hernández González, porque un principio constitucional ordena que no puede modificarse una ley para beneficiar a alguien que la impulsó o aprobó, pues los cambios legales debieron hacerse para que entraran en vigor en la próxima Legislatura Local, no la actual.
Una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anularía los cambios legales y como consecuencia directa, la elección de Hernández González quedaría sin validez, empero el Máximo Tribunal de la nación no actúa de oficio, sino a petición de parte presuntamente afectada, por lo que es posible que el morenista siga en la posición que ocupa desde septiembre del 2018.
Y ninguna bancada legislativa local mexiquense presentará un recurso de esta naturaleza ante la SCJN, porque todas aprobaron la extensión por seis meses de Maurilio Hernández en la presidencia de la JUCOPO, inclusive el grupo de diputados del PRI estuvo de acuerdo en ceder su turno al frente de ese órgano de conducción política.
Por otra parte, analistas políticos consideran una especie de pago del gobernador Alfredo del Mazo Maza, vía diputados del PRI y de sus aliados al coordinador de los diputados locales de MORENA, por no haber combatido la corrupción, que declarativamente y con fines mediático su bancada denunció durante cuatro años, sin emprender acciones contra los corruptos.
