*La presencia de FA en funciones de seguridad pública sigue comentándose.
De la Redacción
Esta primer semana de octubre quedará marcada como una de las más violentas del año, no solo por el resultado mortal de las actividades de la delincuencia organizada, sino también por los objetivos de su violencia asesina.
La tarde del miércoles pasado, 5 de este mes, fue violeta en Guerrero y Morelos. En la primera entidad, en San Miguel Totolapan, perteneciente a la región de Tierra Caliente, un numeroso grupo de sicarios ingresó en varias camionetas y asesinó al alcalde perredista Conrado Mendoza Alameda, a su padre y ex alcalde, Juan Mendoza Acosta y a 16 personas, en sus respectivos domicilios.
El Palacio Municipal de Totolapan fue uno de los escenarios de esos crímenes. Ahí ocurrió la masacre, atribuida presuntamente al grupo criminal “Los tequileros”, que se suponía exterminado y reapareció con esta acción asesina.
En Morelos, también en la tarde del mismo día, fue ejecutada la diputada local, Gabriela Marín Sánchez, del partido local Progresa. Con su muerte quedó huérfano un bebé de sólo cinco meses.
Estos sucesos coincidieron con la aprobación legislativa a la reforma que busca mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028, la cual fue combatida con fiereza por los partidos opositores al gobierno federal, particularmente por el PAN.
