*Gastaron 252 mil MDP en 12 años en preparar policías locales, sin avance.
De la redacción
Después de cerca de 8 horas de debates, con 87 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, el Senado de la República aprobó cambios constitucionales para prorrogar hasta el 2028 la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, cuyo fin estaba previsto para marzo del 2024.
La minuta, con las modificaciones aprobadas, fue devuelta a la Cámara de Diputados Federal, que es la de origen. Se trató de reformas al artículo quinto transitorio, de los cambios constitucionales del 26 de marzo del 2019, que autorizó el apoyo de soldados y marinos en el combate a la delincuencia. Antes participaban sin sustento constitucional.
No obstante, el tema generó debate desde que se anunció la iniciativa, y se pensó que no prosperaría en las cámaras del Congreso de la Unión y, menos, en el Senado, pues PAN, PRI y PRD habían declarado una veda legislativa, y por ser reforma constitucional su aprobación requería los votos de las dos terceras partes de los votos del Senado, que no reunía Morena y sus aliados.
Una diputada federal del tricolor sorprendió con la iniciativa aprobada la noche del martes, lo cual impactó negativamente en la coalición formada por esos partidos, que prácticamente se resquebrajó.
Los senadores del PAN fueron furibundos en el debate y a pesar de que sus correligionarios gobernadores reconocen lo imprescindible de la presencia castrense en apoyo de sus policías, votaron en contra de la reforma, pero no pudieron reunir la tercera parte, más uno de los votos para frustrar la iniciativa.
La reforma prevé la creación de un fondo federal para capacitar a policías estatales y municipales y un informe semestral de los resultados de las actividades de los miembros del Ejército y la Marina en apoyo de la Guardia Nacional y de las corporaciones de seguridad de los estados y los municipios.
Sobre el respaldo presupuestal federal en cuestión, entre el 2013, el primer año del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los seis años del de Enrique Peña Nieto, la federación destinó 252 mil millones de pesos en la profesionalización de las corporaciones policiacas estatales y municipales.
Los objetivos de esos fondos federales eran los de profesionalizar a esas policías, para estar en condiciones de hacer frente y erradicar a la delincuencia organizada, con apoyo del Ejército y la Marina, entonces en tareas de seguridad pública, sin sustento constitucional expreso.
En el debate sobre la prórroga hasta 2028 de la presencia de las fuerzas armadas en labores de vigilancia en zonas rurales y urbanas conflictivas, la bancada senatorial del PAN, en un afán de culpar al actual gobierno federal de no hacer nada por los cuerpos de seguridad pública locales, reveló que durante los últimos dos sexenios se entregaron para ese fin un promedio de 21 mil millones de pesos anuales.
Ese apoyo representó un monto global de 252 mil millones de pesos, cuyos resultados fueron nulos, porque las policías estatales y municipales siguen igual de mal preparadas para combatir con éxito y erradicar a los criminales organizados y no organizados, a los cuales Felipe Calderón Hinojosa les declaró la guerra frontal en diciembre de 2006. El dinero no se aplicó en la profesionalización de los cuerpos de seguridad de los estados y municipios, como lo prueba su incapacidad para enfrentar y vencer a la criminalidad, al grado de que es imprescindible la presencia, ahora sí autorizada constitucionalmente, de las fuerzas armas y de la Guardia Nacional en labores que les corresponden a las policías. Fueron desviados de sus fines mediante diversos mecanismos de corrupción.
No se les capacitó, ni adiestró. No las dotaron de armamento moderno y tecnología de punta para trabajo de inteligencia contra los carteles de las drogas, que entonces no habían diversificado sus actividades criminales, como ahora.
