ISSSTE, PRIVATIZACIÓN DE
FACTO Y ENORME SAQUEO
CORRUPCIÓN, CONDENABLE EN TODAS ACTIVIDADES,
PERO MÁS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
México padeció durante 36 años el mayor saqueo de su historia. Y no sólo de fondos públicos, sino también de sus recursos naturales. El caso de la explotación de oro es muy ilustrativo: en dos años las grandes corporaciones mineras nacionales y extranjeras extraen un mayor volumen de este metal que el que sacaron los españoles en los 300 años de régimen colonial.
Las actividades y funciones públicas fueron desarrolladas con apoyo de empresas privadas, que cobraron con excesivos sobreprecios sus servicios y renta, especialmente de bienes como vehículos, sistemas de cómputos, equipo médico y su mantenimiento, de lo cual el Estado de México sigue siendo ejemplo.
Las propias actividades de las industrias petroleras y energía eléctrica fueron privatizadas mediante contratos violatorios de disposiciones expresas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohibían ese tipo de participación privada en actividades reservadas al Estado Mexicano.
Ante el silencio, indiferencia y desinterés de los constitucionalistas, ahora enérgicos paladines de la vigencia de la Constitución y que denuncian actos anticonstitucionales, aunque no se cometan, desde Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) hasta el 2014, la constitución fue violada de diversa formas, especialmente en estos dos campos de importancia y utilidad estratégicas para los intereses nacionales.
Fue el controvertido presidente Enrique Peña Nieto, más allá del juicio que a cada quién le merezca su desempeño general del cargo, quien puso fin a las violaciones constitucionales que con enjundia perpetraron Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa al modificar la Constitución para permitir la participación privada en los dos sectores mencionados.
La corrupción fue sistemática y aun cuando ese vicio es condenable en cualquier área gubernamental en que se presente, es mucho más criminal cuando ocurre en las instituciones públicas de salud, porque afecta directamente a los beneficiarios de esos servicios.
En este escenario debe examinarse lo que ocurría en el ISSSTE, donde la corrupción fue descomunal e incluyó no sólo la compra con criminales sobre precios de medicamentos a intermediarios, verdaderos “coyotes” vinculados a personajes poderosos de la política y del gobierno, sino otras modalidades increíbles.
Un organismo que atiende la salud de millones de servidores públicos de la federación rentaba ambulancias, equipos de diagnósticos y hasta quirófanos; es decir, el equipo indispensable para practicar operaciones quirúrgicas, muchas veces de extrema urgencia, por la gravedad de los pacientes.
Resulta difícil de creer, pero su director general, el mexiquense Pedro Zenteno Santaella reveló que se alquilaban sillas de rueda, camillas, ambulancias, se encargaban a particular los análisis clínicos. Existe la sospecha de que los medicamentos que faltaban en las farmacias del ISSSTE eran los que funcionarios corruptos, en complicidad con particulares, comercializaban en farmacias privadas.
