YA NO MÁS PERSECUCIÓN, TAMPOCO
IMPUNIDAD POR MOTIVOS POLÍTICO
CUALQUIER CORRUPTO PODEROSO ADUCE MÓVILES
POLÍTICOS CUANDO LE DICTAN ORDEN DE CAPTURA
Los exgobernadores perredistas Graco Ramírez, de Morelos; y Silvano Aureoles, de Michoacán; el panista Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y el priista Alejandro Moreno Cárdenas, de Campeche; y otros personajes más, con problemas legales, especialmente por actos de corrupción, coinciden en reclamarse como víctimas de persecución política.
El propio expresidente Felipe Calderón Hinojosa denunció en España que es objeto de persecución política, y allá reveló lo que oculta en México: tiene abiertas 6 carpetas de investigación, aunque no detalló de qué lo acusan, ni si se trata de la Fiscalía General de la República (FGR) o de fiscalías estatales.
Los mandatarios federales y los estatales disponen de fuero constitucional, que les dificulta a las autoridades de procuración de justicia proceder en su contra por presuntos delitos, si antes no se les retira esa inmunidad. Al dejar sus cargos pierden esa protección y privilegio que no tienen los mexicanos comunes y corrientes.
Entonces pueden ser sujetos de demandas penales, de judicialización de sus expedientes, de órdenes de aprehensión, vinculación a proceso y a las sentencias correspondientes, que pueden ser condenatorias o absolutorias, y en esos supuestos estarían el expresidente Calderón Hinojosa, los ex gobernantes estatales mencionados y otros ex poderosos del pasado.
La verdad es que lo conveniente en todos los casos es que nadie sea perseguido por razones políticas, con cargos inventados, como venganza; pero tampoco debe darse impunidad por conveniencia política, porque en uno y otro caso se atropella el Estado de Derecho y cuando se trata de falsos culpables, también se agravian los derechos humanos.
Calderón Hinojosa carga con el señalamiento y mancha de haber ganado la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador mediante un descomunal fraude electoral, como lo reconoció en un libro el principal orquestador de esa traición a la democracia, el presidente Vicente Fox Quesada y lo confirman los audios de conversaciones entre Elba Esther Gordillo, entonces poderosa secretaria general del CEN del PRI y gobernadores como Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas, ahora preso por diversos delitos graves.
En el mismo sentido lo ratificó en un libro de su autoría el empresario Carlos Ahumada, quien reveló que aquel video en el que aparece René Bejarano recibiéndole fajos de billetes, formó parte de la estrategia, en la que participó el expresidente Carlos Salinas de Gortari, para impedir el triunfo del tabasqueño en la elección de 2006. A cambio, Fox Quesada se comprometió a influir para que liberaran a Raúl Salinas de Gortari, preso inicialmente por el homicidio del exgobernador de Guerrero y secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu, exonerado por este delito, pero cautivo por enriquecimiento ilícito, lo que ocurrió y hasta le devolvieron los bienes que le habían asegurado.
En este contexto, si Calderón Hinojosa y los exgobernadores cometieron delitos, deben ser castigados, lo cual no sería persecución política, pero si son inocentes deben limpiarse sus nombres.
