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El Espectador
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AMENAZA EL CRIMEN ORGANIZADO
CON REBASAR AL GOBIERNO ESTATAL
La delincuencia organizada está a punto de rebasar la capacidad de control de las corporaciones policiacas estatales y municipales en el Estado de México. Y urge reconocer el problema y darle solución, advirtió el diputado local y coordinador del grupo de legisladores del PT en la LVIII Legislatura, Óscar González Yáñez.
En una breve entrevista con “El Espectador”, después de una rueda de prensa, el también ex alcalde de Metepec reveló que hay información de inteligencia que indica la venta de franquicias delictivas por parte de los grandes carteles de las drogas.
La franquicia representa protección e impunidad proporcionada por las bandas del crimen organizado a delincuentes menores. Estos pagan y utilizan en sus actividades delictivas la denominación del grupo vendedor de la franquicia, aseveró el representante popular, entrevistado después de ofrecer una rueda de prensa.
A cambio del pago, cuando tienen problemas que no pueden resolver los delincuentes franquicitarios, son apoyados por las bandas altamente organizadas. “Eso es muy grave y debe ser atendido por el gobierno estatal”, propuso el principal cuadro de la izquierda…
OCUPA IFOEM SEGUNDO LUGAR NACIONAL
EN OPACIDAD, A LA CUAL DEBE COMBATIR
Un estudio de “ARTICLE 19” y “México Infórmate” sobre los órganos de transparencia no sólo evidenció las limitaciones del instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México (Infoem), sino también la falta de exigencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo a ese órgano, así como el descuido al nombrar a los comisionados, pues muy pocos habían tenido experiencia previa en materia de transparencia al llegar a esa institución.
De acuerdo con la evaluación de esas organizaciones, el Infoem ni siquiera transmite sus sesiones, ni entrega las versiones estenográficas, no cuenta con mecanismos de asistencia para apoyar a los ciudadanos, ni con un sistema de archivos, ni de quejas interno y tampoco hay evaluación de sus actividades, ni por parte de los diputados, ni de despachos externos.
Según el análisis del Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI), el Infoem obtuvo el lugar 31 de 32 en el ranking nacional, con un puntaje de 39.2 por ciento, en una escala del 1 al 100, pues no cumplió adecuadamente con la rendición de cuentas, tener un sistema de archivos, el nivel de especialización de sus titulares, capacitaciones, e incluso, pidió prórrogas en algunas de sus respuestas a las solicitudes hechas por esas organizaciones…
Editorial
URGE QUE INFOEM SEA EJEMPLO
DE TRANSPARENCIA EN EL EDO.
Hay instituciones, como las electorales, las universidades públicas, las defensoras de los derechos humanos y las de transparencia y acceso a la información gubernamental, urgidas siempre no sólo del apoyo del marco jurídico propio, sino también de la sociedad. Entre mayor respaldo logran, más fuerte son y están en mejores condiciones para cumplir con eficacia sus funciones.
No obstante, obtener la solidaridad de la población en el desempeño de sus obligaciones no es una cuestión sencilla y mucho menos automática; por el contrario, respaldo, solidaridad, confianza y credibilidad deben ganarse con buenos resultados y el alejamiento de cualquier sospecha sobre sus actuaciones.
Desde esta perspectiva resulta preocupante los resultados de la evaluación que organizaciones no gubernamentales hicieron del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México (INFOEM). Lo reprobó al otorgarle solamente 39.2 puntos de 100 posible, y ubicarlo en el lugar 31 dentro de los órganos similares de los estados del país.
Es decir, quedó en el penúltimo lugar en los distintos aspectos tomados en cuenta en la evaluación, lo cual debe corregirse en el menor tiempo posible, de acuerdo con el contenido de la nota principal de portada, publicada en este número de “El espectador”, firmada por la reportera Violeta Huerta.
El INFOEM, además de limitaciones, funciona sin fiscalización de parte de la institución con facultades constitucionales para vigilar el cumplimiento de sus metas, como lo es el Poder Legislativo, porque si bien goza de autonomía constitucional (que no se respeta cuando se nombra a sus integrantes), no es un estado dentro de otro estado.
La combinación de una serie de factores como no transmitir sus sesiones, no entregar versiones estenográficas de las mismas, no tener mecanismos de asistencia a los ciudadanos, ni disponer de un sistema de archivo, ni de quejas interno evidencia su funcionamiento en la opacidad.
Y esto es contrario a su propia naturaleza de institución dedicada a fomentar la transparencia en los actos de gobierno y la rendición de cuentas, porque precisamente el Instituto no es un ejemplo acabado de rendición de cuentas. Y en esas condiciones su desempeño no puede ser óptimo.
No es casual que el gobierno estatal esté ubicado entre los de mayor opacidad en el país, pues si la misma institución encargada de contribuir con los ciudadanos en los esfuerzos por erradicar la opacidad y hacer una práctica cotidiana la rendición de cuentas procede con opacidad, no podrá cumplir con sus fines.
Es necesario que el INFOEM asuma la sabiduría popular contenida en la sentencia de que “el buen juez por su casa empieza”. Así de sencillo.
COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
AUTODEFENSAS, TEMA EN EL QUE TODOS TIENEN TOTAL
O PARCIALMENTE LA RAZÓN, PORQUE DAN PARA TODO
A pesar de los delicada y riesgosa de la situación, en el tema de los grupos de autodefensa o policías comunitarias todas las opiniones y posiciones tienen total o parcialmente la razón jurídica o de sobrevivencia. En donde no hay dudas es en lo certero del señalamiento de la omisión o incapacidad del Estado Mexicano para cumplir con su obligación de brindar seguridad a vida y bienes de los mexicanos en todo el territorio nacional, como el principal motivo y justificación del surgimiento y expansión de individuos en lucha anticrimen.
En el caso de Michoacán, las más altas autoridades del país reclaman su facultad y deber de mantener el Estado de Derecho y de no permitir la asunción de estas responsabilidades por parte de grupos de la sociedad civil, porque se trata de funciones exclusiva de los gobiernos, no delegables bajo ninguna circunstancias.
Les asiste la razón legal, inclusive constitucional, porque efectivamente, ningún civil, en lo individual o en grupo, debe (pero sí, puede, como se está viendo) recurrir a las armas para hacerse justicia por su propia mano o para proteger a sus comunidades de las acciones de los delincuentes, porque en estos casos se estaría permitiendo combatir a quienes violan la ley con actos también agraviantes para la misma ley, en una espiral de violencia destructora también del Estado de Derecho, como ocurre en la región de Tierra Caliente michoacana.
No obstante, desde el punto de vista humano también son válidos los argumentos de los líderes de las agrupaciones civiles armadas, en el sentido de que se trata de garantizar su sobrevivencia ante los ataques de las bandas criminales altamente organizadas, y sus señalamientos de que recurrieron a la medida extrema de armarse y defenderse con las armas en la mano porque las autoridades no han cumplido con su responsabilidad de evitar los delitos y de castigarlos cuando no pueden impedirlos.
Pueden incurrir en ilegalidad y cometer claramente delitos quienes actúan armados, sin ser autoridades facultadas para ello, pero nadie puede desconocer la procedencia de su decisión de defenderse de los delincuentes, como puedan, porque cuando la vida y bienes corren peligro de perderse y las autoridades son omisas, indiferentes o ineptas para proporcionar seguridad pública, no se puede pedir que se crucen de manos y se dejen asesinar y robar.
Hay también corrientes de opinión que advierten acerca de los riesgos de que los grupos de autodefensa o policías comunitarias puedan derivar después en organizaciones dedicadas a la extorsión, el secuestro, el cobro de piso y tener bajo sus órdenes todas las fases de la actividad del narcotráfico. Y estos señalamientos también tienen razón, como la tienen igualmente los que alertan sobre las posibilidades de que los grupos anticrimen sean infiltrados por la delincuencia organizada, para eliminar a sus enemigos y competencia en los altamente rentables negocios ilícitos.
La riesgosa situación comentada proporciona elementos para que todos los que opinen tengan parcial o totalmente la razón. Lo cierto es que, aun con orígenes, actos, fines y alcances diferentes, los grupos antidelincuencia (o que así se reclaman), la CNTE y los poderes fácticos económicos que imponen condiciones o desafían abiertamente a las instituciones, evidencian la debilidad de éstas y su incumplimiento de sus responsabilidades constitucionales de mantener la paz, tranquilidad y armonía en todo el territorio nacional.
Interiores
Aportará el GEM 768 MDP a un negocio de transporte concesionado a particulares Pg. 3
Pasó el Estado de un millón 400 mil habitantes en 1950 a 15.1 millones en 2010 Pg. 5
No pagaron tenencia el año pasado 2 millones de vehículos en el Estado Pg. 7
