*Ayuntamientos deben ser cuidadosos al autorizar fraccionamientos.
De la redacción
La diputada local Jessica Janet Rojas Hernández expresó su preocupación por los daños al ambiente ocasionados por empresas inmobiliarias, ante lo cual propuso una reforma legal para evitar esas actividades perniciosas.
Los cambios al Código para la Biodiversidad del Estado de México obligarían a los gobiernos municipales a tener en cuenta la necesidad de proteger el ambiente y combatir el cambio climático.
Estas autoridades tienen facultades para intervenir en el cambio de uso de suelo y para otorgar licencias de construcción, y en el primer caso, organizaciones de la sociedad civil han denunciado desde hace décadas que por corrupción permiten que fraccionadores depreden de zonas forestales.
No obstante, en la práctica también las autoridades federales son omisas en la protección del ambiente, de lo que la mejor prueba es lo que ocurre en Valle de Bravo, donde mediante el tráfico de influencia se deja que inmobiliarias construyan fraccionamientos campestres, en abierta violación a las leyes.
Rojas Hernández, diputada local por el distrito 27 de Valle de Chalco, propuso que los gobiernos municipales no puedan autorizar el cambio de uso de suelo en áreas naturales protegidas.
Tampoco deben otorgar permisos para construir unidades habitacionales en las mismas, tampoco en zonas de acuíferos, ni en reservas naturales, ni de en zonas de recarga de agua.
El objetivo es impedir que se perpetre ecocidio en el Estado de México, a cuyos esfuerzos deben contribuir en forma decisiva las autoridades municipales, porque son las que están facultadas para impulsar el cambio de uso de suelo.
De la misma forma son las que otorgan los permisos para construir inmuebles, incluyendo unidades habitacionales y fraccionamiento de todo tipo, y muchas veces no respetan áreas protegidas y vedadas al uso habitacional de la tierra.
En el Estado de México existe la Coordinación General de Conservación Ecológica, que administra diez áreas naturales, que en conjunto representan 21 mil hectáreas, mientras que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene a su cargo administrar nueve acuíferos, de los que 2 están sobrexplotados.
