*Buscan evitar que los consumidores cuenten con información sobre los riesgos por el consumo de sus productos.
De la Redacción
Sin estridencia ni grandes campañas públicas, las industrias de alimentos procesados y bebidas embotelladas sostienen una enérgica lucha para echar abajo el etiquetado frontal en sus productos; es decir, contra los sellos que advierten a los consumidores de los excesos de sales, grasas, azúcares y calorías de los alimentos procesados y, especialmente, los ultraprocesados.
Esa medida fue adoptada por las autoridades sanitarias del país para alertar a la población sobre los riesgos para la salud que representa el consumo de esos alimentos y bebidas, causantes de diabetes, hipertensión, sobre peso y obesidad, cánceres y otros padecimientos, cuyos efectos negativos fueron evidenciados claramente con la pandemia de Covid-19: todos ellos eran considerados factores de riesgo, comorbilidades, que incrementaban la probabilidad de complicaciones graves o muerte de quienes se contagian.
La inconformidad de las corporaciones empresariales de estos ramos fue llevada hasta la Suprema Corte de la Nación (SCJN), donde se tiene programado para hoy miércoles el desahogo del asunto delicado, porque involucra la salud de la población y los poderosos intereses de las industrias alimentaria y de bebidas embotelladas.
Los especialistas en temas judiciales prevén que el fallo será a favor del mantenimiento del etiquetado, porque es más importante la salud de la población que las ganancias privadas; además, no se advierte ninguna inconstitucionalidad en las leyes que sustentaron la decisión de alertar a los consumidores sobre los riesgos para su salud representado por el exceso de grasas, azúcares, sal y calorías.
Por esa medida México fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y se suponía que las empresas de esta actividad económica habían aceptado el etiquetado, pero sin hacer ruido, para no dañar su imagen pública y por conducto de los despachos jurídicos privados más costosos, combaten judicialmente el caso.
