SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, CON
MAL INICIÓ: PROTEGIÓ A EAV
LA REFORMA AL CÓDIGO PENAL DE 2017 DEJÓ
IMPUNE TODOS LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN
El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) no reporta todavía utilidad social a 5 años de haberse creado, para lo cual se reformó y adicionó la Constitución Política estatal, se expidió la Ley que le dio vida institucional, y se modificaron leyes como la de los Servidores Públicos, la de Responsabilidades de los mismos, y el catálogo de las distintas modalidades del delito de corrupción de los servidores públicos estatales, municipales, de órganos autónomos y organismos auxiliares, contenidos en el Código Penal de la entidad.
También se reformó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero el mayor daño a la lucha anticorrupción y protección a la impunidad fueron las reformas a la legislación punitiva estatal, que dejaron sin castigo todos los delitos de corrupción que pudieron haber cometido hasta el 30 de mayo de 2017 el entonces gobernador Eruviel Ávila Villegas, sus colaboradores, los diputados locales, los integrantes del Poder Judicial, los miembros de los cabildos, de los órganos autónomos, de organismos auxiliares y el personal de todas estas instituciones. Nunca en la historia estatal se había dado legalmente impunidad en forma masiva a corruptos.
En forma deliberada, como en su momento lo denunció “El Espectador”, se derogó todo el catálogo de las conductas tipificadas como delictivas en el marco general de la lucha contra la corrupción. Se creó otro catálogo, con más ilícitos de esta naturaleza, inclusive, pero que sólo podían castigarse a partir de junio de 2017, y los derogados podrían ser investigados y castigados, pero sólo los que ya contaban con carpetas de investigación: y nadie había sido denunciado penalmente hasta esa fecha.
Estos son los antecedentes de la fundación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, por ello no debe extrañar y sí, preocupar mucho, que desde que se le dio vida constitucional y legal no haya encontrado un solo funcionario público de los poderes estatales, de los 125 municipios, de los órganos con autonomía constitucional y organismos auxiliares corrupto.
Es decir, en 5 años el SAEMM no ha encontrado ni un solo servidor público, desde el de más bajo hasta el de más alto nivel, corrompido, ninguno se ha enriquecido ilícitamente desde sus cargos, ni se han firmado contratos de compras de bienes y servicios, ni de obras públicas con brutales sobreprecios, en perjuicio de los ingresos institucionales y la sociedad en su conjunto. Ni siquiera ha detectado un “aviador”.
No obstante, la ineficacia, ineficiencia o claras acciones encubridoras de funcionarios corruptos no puede continuar en una entidad federativa con graves problemas de corrupción, y grandes y graves rezagos sociales. La lucha contra la corrupción debe dejar de ser simulada, como moda, porque su permanencia pone en riesgo la viabilidad del futuro del Estado y su población.
