EL EJECUTADO PERIODISTA DE LA CRUZ SÍ CUBRÍA
“FUENTES” Y ESCRIBÍA DE POLÍTICA EN VERACRUZ
MAXIMILIANO CASTILLO R.
La Fiscalía General de la Republica (FGR) ejerció su facultad de atracción y solicitó la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) por la ejecución del periodista Antonio de la Cruz, ocurrida el 29 de junio de ese año, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, cuando resultó lesionada su hija Cynthia, fallecida 4 días después.
Esta decisión de la FGR sorprendió al gremio periodístico del país, porque casi nunca la muerte violenta intencional de un informador profesional es investigada por el fuero federal, dado que los homicidios son del fuero común. La explicación está en el hecho de que de la Cruz, a diferencia de casi todos los periodistas que han sido asesinados en México, y que se dedicaban a cubrir la “fuente” policiaca o “nota roja”, él cubría información general y la fuente política.
Sus compañeros sostienen que en su sitio digital expresaba severas críticas al desempeño del ahora exgobernador Francisco García Cabeza de Baca, quien fue desaforado por la Cámara de Diputados Federal por delitos graves, de “lavado de dinero” proveniente de la delincuencia organizada.
Las críticas abiertas y duras del periodista ejecutado al entonces gobernante y sus altos funcionarios, condujeron a la FGR a presumir que su muerte pudo constituir también un delito contra la libertad de expresión, si bien hasta el momento, después de cerca de 6 meses no hay un solo detenido.
Este ilícito por presuntamente haber sido perpetrado por la delincuencia organizada e involucrar cuestiones de libertad de expresión sí es de competencia del fuero federal, y la Fiscalía General de la República tiene facultades para investigarlo, esclarecer los hechos, judicializar la carpeta de investigación y solicitar, llegado el caso, obtener órdenes de aprehensión contra los criminales autores de la ejecución.
México está considerado uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, como lo prueban el alto número de informadores profesionales asesinados cada año desde hace décadas.
No obstante, las muertes violentas de los integrantes de este gremio tienen como víctima a reporteros que cubren las notas policiacas, y casi todos eran modestos reporteros, con bajos salarios, sin prestaciones, ni antigüedad, que no trataban temas políticos y de gobierno, ni hacían críticas a los funcionarios, ni al gobierno federal.
Antonio de la Cruz sí cubría información general y criticaba al gobierno de Cabeza de Vaca, por lo que su actividad periodística es la principal línea de investigación, precisamente se indaga como delito cometido contra la libertad de expresión.
Compañeros y amigos de la víctima confían que el desarrollo de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República tendrá éxito, porque cuando las desarrollaban las autoridades estatales tenían la consigna de no llegar al fondo del asunto, para no comprometer al entonces poderoso, soberbio, prepotente y enriquecido mandatario tamaulipeco.
Es menester, además, señalar que las ejecuciones de informadores profesionales modestos, de fuentes policiacas y precariedad laboral han sido utilizadas en forma mezquina por periodistas famosos, que en anteriores gobiernos se volvieron millonarios al participar en la corrupción institucional.
En sus críticas para nada hablan y mucho menos condenan las condiciones lamentables en que trabajaban las víctimas, que completan sus ingresos con actividades ajenas al periodismo, como fue el caso de Pedro Pablo Kumul, asesinado en Xalapa, Veracruz cuando operaba un taxis.
