*Poderosos intereses fácticos económicos no querían a Yasmín Esquivel
De la redacción
Después de 34 años en el Poder Judicial, donde comenzó desde los niveles más modestos, la ministra Norma Irma Piña Hernández hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en 198 años de historia de la institución. Triunfó por 6 votos a 5, sobre el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Su elección desnudó también la campaña de ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijeron iba a imponer al sucesor del ministro Arturo Zaldívar. Los 11 ministro votaron libremente y ninguno se quejó de haber sido presionado para orientar el sentido de su voto, y la vencedora se caracteriza por votar en contra de leyes impulsadas por el mandatario cuando se han resuelto sobre su constitucionalidad.
La campaña en contra del jefe del Poder Ejecutivo Federal se tradujeron en una rabiosa campaña sin pre cedente en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, para impedir su elección como presidenta de ese Máximo Tribunal Constitucional del país, por considerarla cercana suya.
La acusaron de plagiar su tesis, que inició a trabajarla desde 1985, para titularse de abogada. Los detractores, muchos de ellos defensores públicos del principio constitucional de presunción de inocencia, como los senadores Germán Martínez Cázarez y Emilio Álvarez Icaza, desde antes de que se aclarar si hubo o no plagio, la juzgaron culpable e intervinieron con presiones públicas a los ministros para que no votaran a favor de la ministra.
Ni la disolución del cuerpo de 26 ministros por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en diciembre de 1995, generó un escándalo parecido al de hoy. Por más de tres semanas ese presidente dejó a la SCJN sin ministros. Una Comisión de Gobierno se encargó de atender asuntos en trámite, y no se desató una campaña de ataques. Como ocurrió con Esquivel Mossa.
Tampoco hubo campañas contra Eduardo Medina Mora, cuando en 2019, 11 años antes de terminar su período de ministro de 30 años, renunció por investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Quien había sido titular del CISEN, de la Secretaría de Seguridad (Federal), procurador General de la República, embajador de México en el Reino Unido y Estados Unidos se fue sin que nadie exigiera una investigación y mucho menos se violó su derecho a la presunción de inocencia
Lo ocurrido con la ministra refleja que los poderes fácticos económicos, los grandes traficantes de influencias, especialmente la ultraderecha empresarial, sus brazos electorales y su poder mediático llevaron la pugna por el modelo de país a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No querían a Esquivel Mossa a la cabeza del sistema de justicia federal y del Consejo de la Judicatura. Querían a alguien que defendiera sus intereses, incluso en contra de las leyes y el interés general, como ocurrió hasta noviembre de 2018.
La ministra condenó la campaña mediática, a la que calificó de perversa y sin ética, porque nunca le pidieron sus puntos de vista sobre el caso, ni los de la directora de su tesis y del responsable del seminario sobre derecho laboral tema de su tesis. En los medios informativos se le condenó sin derecho a defensa, y cuando se compruebe la calumnia e infamia sus detractores quedarán callados.