PACTO DE MEDIOS INFORMATIVOS CON FCH PARA
MINIMIZAR LA VIOLENCIA EN GUERRA ANTINARCO
MAXIMILIANO CASTILLO R.
Unas fotografías y un pequeño texto prueban el sometimiento al presidente Felipe Calderón Hinojosa y de renuncia al ejercicio de la libertad de expresión, de los dueños de los más importantes medios de comunicación, encabezados por Emilio Azcárraga Jean, de Televisa; y Ricardo Salinas Pliego, de Televisión Azteca. También desnudó la hipocresía de las empresas mediáticas y los más famosos periodistas sobre el tema de la defensa de la libertad de expresión y su presunto riesgo en estos momentos.
El 24 de marzo de 2011, en una amplio patio del Museo Nacional de Antropología, posaron satisfechos y felices los citados personajes, más Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Pedro Ferriz de Con, José Cárdenas, Denise Maerker, Sergio Sarmiento, Carlos Loret de Mola, Carlos Marín, Carlos Ugalde y Leonardo Curzio, hasta completar una lista de 50 periodistas, incluyendo a personajes vinculados a Calderón y a Genaro García Luna, como María Elena Moreira, Isabel Miranda de Wallace, el ex rector de la UNAM, José Narro Robles. Acababan de firmar un acuerdo contra la libertad de expresión, se recordó en una Mañanera de AMLO.
La reunión no contó con la presencia de funcionarios del calderonismo, pero el “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia” les fue impuesto por el entonces mandatario, quien días antes en Veracruz había expresado duras críticas a los medios informativos por la difusión de los hechos de sangre, con muertos, heridos, detenidos y hasta ejecuciones extrajudiciales.
Calderón Hinojosa sostuvo en esa ocasión que a su gobierno le salía muy caro dar a conocer en la primea plana de los diarios y espacios privilegiado de los noticieros de radio y televisión las acciones contra la delincuencia organizada, mientras ésta obtenía propaganda gratis de sus actividades criminales.
En el Acuerdo se establecieron criterios para los medios informativos de cobertura nacional, a fin de minimizar o soslayar las notas sobre bajas en la lucha contra el narcotráfico. Los dueños de los medios adujeron que había necesidad de evita que sin darse cuenta los diarios impresos y noticieros electrónicos se convirtieran en voceros de la delincuencia organizada y del terrorismo.
Los firmantes del Acuerdo cumplieron su palabra de no ejercer la libertad de expresión. A partir de suscribirlo, con honrosas excepciones, las masacres y ejecuciones extrajudiciales y los cuerpos de las víctimas no tuvieron cabida en los periódicos y espacios informativos de la radio y la televisión. Las noticias fueron escuetas y para nada se habló de los excesos de las fuerzas de seguridad, ni de la violación de los derechos humanos de personas inocentes o familiares ajenas a las actividades criminales de parientes, ni se contabilizaron las bajas.
Nada de ir contando todos los días los homicidios y culpar de ello a Calderón, como lo hacen ahora con López Obrador, a quien todo el tiempo le atribuyen responsabilidad en las muertes violentas intencionales del fuero común; es decir, las que deben evitar y castigar los sistemas estatales seguridad pública, procuración y administración de justicia.
Estos agravios del fuero común, los más graves que puede sufrir una persona, no pueden ser contabilizados como si el presidente de la República no se hubiera interesado en evitarlos o castigarlo, porque esto es obligación de los gobernadores. Los firmantes del Acuerdo en cuestión son ahora quienes a todas horas hablan de las víctimas de la violencia, lo que antes callaron. Se trata de un claro intento de dañar la imagen del mandatario federal. Lucran con los cadáveres, que ocultaron en el gobierno de Felipe Calderón.
