*El fallo del TEPJF al caso “Alito”, por cambios estatutarios, con efectos aquí
De la redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ahora preside la ministra Norma Irma Piña Hernández, resolverá un asunte relevantes para la lucha interpartidista por la gubernatura mexiquense de este año: el de la probable inconstitucionalidad de la Ley de Gobierno de coalición y la reforma a la legislación electoral, como lo sostienen diputados locales de Morena.
La bancada morenista aduce graves violaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, al suprimirse en esas leyes secundarias las facultades constitucionales de los gobernadores a “nombrar y remover libremente a los servidores públicos del Estado, cuyo nombramiento no estén determinados en otra forma por esta Constitución”.
La misma Máxima Norma mexiquense prevé la formación de gobiernos coaligados, pero son optativos de los mandatarios, y no pueden volverse obligatorios por un convenio de organizaciones políticas aliadas, y sustentado en leyes secundarias, contrarias a la letra y espíritu de las facultades constitucionales como lo hace la Ley de Gobierno de Coalición y los cambios a la legislación electoral local.
De acuerdo con expertos altamente calificados en temas constitucionales, como Gerardo Fuentes Ruiz y Carlos Macedo Aguilar, los gobiernos mexiquenses de coalición, con reparto de cargos administrativos obligatorios, necesitan cambios constitucionales, porque sin esas modificaciones los partidos usurparían facultades de gobernadoras y gobernadores.
Los gobiernos estatales de coalición, con reparto de cargos públicos entre los partidos, no están previstos en la actual Constitución Política mexiquense, por lo que la Ley de Gobiernos de Coalición y la reforma a la legislación electoral del Estado, impugnada ante SCJN deberán ser declarada inconstitucional, con severo impacto en la coalición “Va por México”, próxima a oficializarse ante el IEEM.
Si estas leyes secundarias son declaradas inconstitucionales, el ánimo de los partidos minoritarios: PAN y PRD será diferente al que tendrían si la SCJN las avala. En el primer caso, coaligarse perdería el atractivo que representaría la seguridad de obtener altos puestos para sus cuadros en el nuevo gobierno, si ganan.
De todos modos, aun con un revés de la SCJN, si ganan podrían formar un gobierno de coalición de facto, precisamente porque la gobernadora tendría facultades constitucionales para designar y remover libremente a sus colaboradores, y no tendría prohibido incluir a cuadros del PAN y PRD.
El otro asunto que tendrá efectos en la coalición que encabezará el PRI es el conflicto interno en la cúpula directiva del priismo nacional, cuyos expresidentes María Sauri Riancho, Pedro Joaquín Coldwell, Claudia Ruiz Massieu y el senador Miguel Ángel Osorio Chong, impugnaron ante el TEPJF los cambios estatutarios que permiten a Alejandro Moreno Cárdenas prorrogar su mandato.
El problema es grave porque refleja la división del priismo nacional, que se involucrará con todo en la lucha del tricolor por conservar la gubernatura, y no es lo mismo que participe unido, que con un grave conflicto interno.
