*Mendoza Ayala demandaba buscar criminales en FGJEM. *Extraña liberación.
De la redacción
La liberación de Ken Omar “N”, quien en estado de ebriedad arrolló y dio muerte al humilde comerciante de Tamales, Claudio Jorge, en Cuautitlán Izcalli, en la noche buena, ejemplifica muy bien la corrupción persistente en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Si el caso no se ventila en una conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el presunto culpable estaría impune.
No fue agravante su estado de ebriedad, ni el huir y no auxiliar a la víctima. Por alguna extraña razón, el ministerio público lo protegió, violando la ley, lo cual prueba la difícil tarea que tiene por delante el fiscal general José Luis Cervantes para erradicar la corrupción y darle eficacia a la institución.
En este contexto se dio antes la detección el año pasado al interior de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de centenares de malos elementos policiacos dedicados a delinquir y a proteger malhechores.
Cuando fue alcalde de Tlalnepantla, con mucho valor civil el panista Rubén Mendoza Ayala (ya fallecido) demandó comenzar la lucha contra la inseguridad pública, los altos índices delictivos y de violencia criminal al interior de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y en la corporación policiaca preventiva estatal.
Puso como prueba la captura en flagrancia por la policía municipal de numerosos miembros de la policía ministerial y de la corporación de seguridad pública estatal, quienes al momento de su detención cometían delitos, además de denunciar que los policías delincuentes no fueron encarcelados, a pesar de las denuncias penales.
Cerca de 20 años después de la denuncia pública del alcalde de Tlalnepantla, se detectó la existencia de centenares de policías que traicionaban la confianza depositadas en ellos por las instituciones, y en lugar de proteger a la sociedad, la agraviaba en dos modalidades: perpetraban delitos y protegían a delincuentes.
El fiscal general de la entidad, José Luis Cervantes Martínez, quien desde antes de ocupar el cargo fue fiscal regional y conocía los problemas al interior de la institución, informó el año pasado (asumió el puesto en marzo del 2022 la baja de cerca de 360 elementos policiacos de la institución. La Secretaría de Seguridad hizo lo propio con 147 malos elementos. La FGJEM cambió de adscripción a mil 400 agentes del ministerio públicos y ministeriales, pues muchos llevaban un cuarto de siglo en los mismos lugares.
En la revisión del estado que guarda la FGJEM se encontraron órdenes de aprehensión sin ejecutar, órdenes de aprehensión no solicitadas a los jueces, para proteger delincuentes y suspendidos muchos procedimientos administrativos contra personal, informó Cervantes Martínez.
La Secretaría de Seguridad Púbica informó que dio de dados de baja a 147 uniformados, por incurrir en delitos, a quienes se le abrieron carpetas de investigación por presuntos diversos delitos. En total fueron 507 miembros de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública detectados como malos servidores públicos, que delinquían y protegían a delincuentes, en lugar de trabajar para la sociedad, lo que tardíamente dio la razón a Rubén Mendoza Ayala.
