*Falló en el sentido de que puede suprimirse facultades a titulares del Ejecutivo.
De la redacción
La nueva ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Irma Piña Hernández, se estrenó en el caso del Estado de México con una resolución que implica riesgos graves a futuro para las facultades constitucionales de gobernantes:
El tribunal garante de la constitucionalidad de las leyes avaló la supresión de las facultades de mandatarias o mandatarios de nombrar y remover libremente a sus colaboradores. Consideró constitucional convertir en letra muerta esa atribución del titular del Poder Ejecutivo del Estado de México en los casos de llegar al cargo mediante una alianza electoral de partidos, cuyas cúpulas acuerden la integración del gabinete y los ocupantes de los niveles inferiores de la administración estatal.
Sin reformar la Constitución Política de la entidad, el PRI, PAN y PRD y otros partidos minoritarios reformaron el Código Electoral del Estado y expidieron una Ley de Gobiernos de Coalición, para que las cúpulas de las organizaciones políticas pudieran acordar antes de las elecciones cómo se repartirían los puestos del Poder Ejecutivo, con lo cual las facultades de los jefes de éste para integrar equipos de trabajo no podrían ejercerse. Esas leyes fueron publicadas el 30 de septiembre de 2022, y serán aplicadas para el próximo sexenio, si gana la alianza “Va por el Estado de México”.
Los diputados de Morena promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esta máxima institución del Poder Judicial falló en el sentido de que suprimir en leyes secundarias facultades constitucionales a gobernantes es constitucional.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa, sometida a un linchamiento político en los medios informativos y desde la oposición, por un supuesto plagio de su tesis de licenciatura, sin darle derecho siquiera a la presunción de inocencia, fue la encargada de estudiar el recurso de Morena, y dictaminó que las leyes secundarias impugnadas no podían estar en contra de lo que dispone la Constitución Política local en el caso de los gobiernos de coalición.
No obstante, al someter el dictamen a votación no alcanzó la mayoría calificada de votos, que es de 7, necesarios para declarar inconstitucional una ley secundaria en vigor. Obtuvo 6 votos, por 5 en contra, y así si Alejandra del Moral Vela ganara la gubernatura, no podría ejercer sus facultades de nombrar y remover libremente a sus colaboradores.
Se los nombrarían los dirigentes del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, que la apoyan. Sin ser suprimidas, las atribuciones constitucionales del Ejecutivo serán letra muerta, desplazadas por disposiciones de dos leyes secundarias, lo cual es un precedente peligroso, como también lo es la postura de los ministros que lo avalaron.
