COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
URGE UN COMPROMISO REAL DE PARTIDOS Y
GOBIERNOS CON LA DEMOCRACIA EN EL EDO
Partidos políticos, autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales estatales y federales, con el propio gobernador Alfredo del Mazo Maza como testigo, firmaron un compromiso para respetar la legislación aplicable en el proceso para elegir mandataria o mandatario estatal el 4 de junio próximo, en un acuerdo que aparentemente carecía de sentido, porque respetar las normas y el voto popular es obligación de las instituciones y protagonistas políticos.
Ese ánimo democrático expresado por los representantes de todos partidos políticos con registro en el Estado no parece tener plena correspondencia con lo que estamos presenciando, pues hay “guerra sucia” encargada por las formaciones partidistas a equipos especializados en calumniar, inventar, difamar y presentar como verdad verdaderas mentiras.
Puede entenderse el excesivo interés del PRI por conservar la gubernatura, que tiene en sus manos desde hace 94 años, y de lograrlo, acumulará cien en el ejercicio del poder estatal, mientras que para Morena triunfar y alzarse con la titularidad del Poder Ejecutivo mexiquense le resulta de importancia estratégica en sus propósitos de concretar la cuarta transformación.
La importancia de lo que estará en juego lo ilustra muy bien el tema presupuestal: la próxima gobernadora ejercerá en su sexenio recursos por unos 2. 2 billones de pesos, pero además estará en condiciones de otorgar concesiones y facilidades para hacer grandes negocios, influir en candidaturas a senadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes.
En contrapartida, encontrará un Estado de México con muchos, grandes y graves problemas colectivos, muchos de ellos originados desde hace décadas, pero acentuados en los últimos 18 años, por su desatención y desinterés por resolverlos con oportunidad, eficiencia, honestidad, transparencia y rendición de cuentas.
En estas condiciones, la tentación de mantener o conquistar la gubernatura con acciones alejadas de la democracia será grande, por lo que urge que los partidos políticos ajusten sus actos a lo que se comprometieron por escrito: respetar las leyes electorales y el derecho de los electores a ejercer libremente su derecho al sufragio universal, secreto y directo.
Sería una gran irresponsabilidad no hacerlo, pues las condiciones políticas, económicas, sociales y la urgencia de abatir rezagos sociales, relanzar al Estado de México en todos o sentidos positivos, exigen madurez y sensibilidad política de autoridades estatales y municipales, de las específicas electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales. Serpia condenable que por ambiciones de poder sumieran al Estado en conflictos poselectorales, en la inestabilidad e ingobernabilidad, condiciones que perjudicarían a cerca de 18 millones de mexiquenses, lo que debe evitarse.
Para ello las y los protagonistas del proceso electoral tienen que anteponer los intereses del Estado sobre los de grupos y partidos. Las autoridades electorales también están obligadas a respetar las leyes y la voluntad popular, como es su principal obligación institucional y a lo que adicionalmente se comprometieron por escrito. Sería condenable que en lugar de cumplir con su responsabilidad de llevar a cabo un proceso electoral democrático, transparente y con rendición de cuentas, sin importar las presiones que pudieran recibir para torcer la ley, ni el nombre y partido de quien gane, contribuyeran a la generación de condiciones para el fraude comicial, los coflictos poselectorales, la inestabilidad e ingobernabilidad en el Estado.
