*Descongelar cuentas: Medina Mora; evadir impuestos no es delito grave: Aguilar.
De la redacción
Antes de dejar su relevante cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por investigaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito, Eduardo Medina Mora emitió numerosos sentencias, que se convirtieron en jurisprudencia, en favor de miembros de la delincuencia organizada de “cuelo blando”, dedicados a “lavar dinero” de actividades ilícitas.
El ministro había tenido una largar trayectoria administrativa, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que incluyó su paso por el CISEN, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Procuraduría General de la República, embajadas en Reino Unido y los Estados Unidos.
Sus fallos sobre el congelamiento de cuentas bancarias, que las consideró procedentes sólo si se hacía a petición de gobiernos u organismos internacionales, tiene ahora metido en problemas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y específicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), porque las jurisprudencias que logró el ministro Medina Mora han permitido descongelar cuentas a empresas y personas físicas, involucradas en delitos. Y eso constituirá un doble agravio a la sociedad y a los ingresos públicos.
En el tiempo que estuvo como ministro sus sentencias favorecieron a los grandes intereses económicos, y en el caso específico del “lavado de dinero”, altos montos depositados en bancos por presuntos delincuentes de “cuello” fueron puestos a libre disposición de las supuestos criminales.
Luis María Mora fue el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su desempeño siempre estuvo marcado por su parcialidad en favor de las corporaciones empresariales.
Su último proyecto aprobado, excluyó de la prisión preventiva oficiosa a quienes evadan o defrauden al fisco y a quienes expidan y usen facturas falsas para deducir gastos en operaciones no realizadas por las empresas.
De esta forma, con facturas falsas acreditan gastos, se quedan con el IVA y no pagan lo que deben cubrir por los impuestos sobre sus ganancias, en perjuicio del erario y de la población, cuyas necesidades colectivas no son satisfechas por las autoridades, por la insuficiencia de ingresos los públicos.
Para el ministro Aguilar, amigo de Juan Collado, Diego Fernández de Cevallos, Raúl Salinas de Gortari, Rosario Robles, Carlos Romero Deschamps y otras finas persona, ponerse de acuerdo para utilizar facturas falsas, no constituye delito de delincuencia organizada y, por lo tanto, deben ser procesados en libertad, a menos que el ministerio público acredita ante un juez que puede huir de justicia.
Es claro que se trata de una actividad criminal que no puede ejecutarse más que en forma organizada y por más de dos personas, pues intervienen grandes despachos y directivos de las empresas evasoras de impuesto. Ese es el talante de varios ministros de la SCJN, que ahora preside Irma Piña Hernández.
