DEJAR DE COBRAR 45 MIL MDP Y DE VENDER MUY
CAROS BIENES AL GOBIERNO, ENOJÓ A LOS MEDIOS
MAXIMILIANO CASTILLO R.
Las empresas dueñas de los grandes medios informativos de cobertura nacional y sus periodistas más famosos dejaron en conjunto de cobrar facturas al gobierno federal por 45 mil millones de pesos en los últimos 4 años. Además, no recibieron una suma mayor de dinero en efectivo es decir, sin facturas.
Esta última práctica era muy grave, porque el dinero público regalado sin factura, no pagaba impuestos, con lo cual desde la presidencia de la República se promovía la evasión fiscal y el “lavado de dinero”, con la agravante de que por la misma razón de tratarse de fondos públicos entregados sin cumplir con los requisitos fiscales, no ingresaron a las tesorerías de las compañías periodística, para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores, sino a las cajas fuertes de sus propietarios, amigos personales de los presidentes de la República de este siglo hasta 2018.
Un académico de la licenciatura de ciencias de la comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de esos casos alentadores de quienes ejercen el periodismo desde la infantería y después se desarrollan académicamente, maestro y amigo nuestro, por fortuna, no explicaba que ese dinero que los dueños de las empresas mediáticas recurrían a mecanismos sofisticados para ingresar ese dinero “sucio” al circuito legal, para una vez “blanqueado”, depositarlo en sus cuentas bancarias, generalmente fuera del país.
Aparte estaban las donaciones en especies, especialmente de bienes de lujo, incluyendo inmuebles asegurados y confiscados a grandes capos del narcotráfico. Esta situación no existió antes de sexenio de Vicente Fox Quesada, recordó nuestro amigo, porque todavía con Ernesto Zedillo Ponce de León los beneficios económicos eran mucho menos y no lo convirtieron en rehén y al servicio de los intereses de los poderes mediático y económicos fácticos, como ocurrió con el guanajuatense, con Felipe Calderón Hinojosa y con Enrique Peña Nieto.
El catedrático y, en su tiempo, brillante reportero comentó que hasta Zedillo las empresas no eran proveedoras de bienes y servicios, cobrados con sobreprecios, ni contratistas de obras públicas, ni prestadoras de funciones delegadas como la renta de penales, servicios subrogados de hospitales, farmacias y especialmente no se había generalizado el tráfico de influencia en la proveeduría de medicamentos y equipo médico, incluyendo servicios de laboratorio, la renta de ambulancias, camillas y hasta sillas de ruedas, como ocurrió hasta noviembre de 2018.
Todo eso terminó y dejar de recibir esos grandes beneficios, algunos ilegítimos o claramente derivados de actos delictivos, explica la campaña de ataques, calumnias, ofensas, desinformación y posiciones claramente opositoras al gobiernos lópezobradoristas de casi todos los grandes medios informativos y periodistas famosos. Y nada de eso ocurriría si el tabasqueño les hubiera mantenido sus beneficios. La crítica sería moderada y esporádica, según nuestro maestro.
