*Solo falta que el Ejecutivo las promulgue para que entren en vigor.
De la redacción
Después de más de 7 horas de ríspido debate, el Senado de la República, como cámara revisora, aprobó el paquete de reformas, adiciones y derogaciones a tres leyes y la expedición de una nueva, en materia electoral, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocidas genéricamente como “Plan B”, y que fue objeto de abundantes críticas de la oposición desde diciembre del año pasado en medios informativos, y defendido por Morena y sus aliados, y por el propio mandatario.
El “Plan B” fue aprobado por 70 votos a favor y 50 en contra, sin ninguna abstención. El jefe del Poder Ejecutivo Federal presentó el paquete de reformas a leyes electorales secundarias después de que su anterior propuesta de reforma electoral constitucional fuera bloqueada por la oposición, pues para su aprobación se requería mayoría calificada, que los legisladores de Morena y sus aliados no tienen.
Las reformas, adiciones y derogaciones a leyes secundarias, de cualquier materia, no necesitan mayoría calificada; es decir, de las dos terceras partes de los votos de los representantes populares, sino que basta la mayoría simple; es decir, el 50 por ciento más uno de los participantes en la sesión de que se trate. En este caso se rebasó ampliamente este mínimo, porque las aprobaron 70 de los 120 senadores que votaron.
En las enconadas discusiones hubo insultos, ofensas, inclusive alusiones a la vida personal de alguna senadora, pero el debate de más larga duración fue el tema de la naturaleza, objetivos y alcances de los cambios propuestos. La oposición insistió en que se trataba de destruir al INE, a la democracia y establecer una dictadura por parte del presidente López Obrador y Morena.
Fueron aprobados cambios, adiciones y derogaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, y se expidió la Ley de Medio de Impugnación en Materia Electoral. Las reformas, adiciones y derogaciones serán enviadas al presidente Andrés Manuel López Obrador, para su sanción, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que entre en vigor.
En realidad, el debate debió darse por la llamada “clausula de vida eterna” para partidos políticos, como se le denominó al artículo introducido y que permitía la transferencia de votos de un partido a otro cuando se presentaban en coalición a una elección, pero la discusión se desvió y puso en el centro todo el paquete de leyes del “Plan B”.
En las largas horas se habló del intento del presidente López Obrador por destruir las instituciones autónomas, y especialmente al INE, porque quiere “robarse” la elección presidencial del 2024 y controlar al organismo, además del recorte al gasto. La oposición expuso en tribuna el mismo escenario electoral catastrófico que prevé Lorenzo Córdova.
Los senadores de Morena y PT, PVEM y PES rebatieron que quienes hicieron fraude y se burlaron de la voluntad popular fueron el PRI y el PAN. Recordaron las confesiones de Vicente Fox Quesada de que intervino para impedir que López Obrador ganara la presidencia en el 2006 y que Felipe Calderón triunfara con fraude, y después comenzara una guerra al narcotráfico que en realidad fue para fortalecer al “Cartel de Sinaloa”, de lo cual la prueba más contundente es el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón, encontrado culpable de formar parte de ese grupo criminal organizado.
También recordaron la descomunal corrupción de los gobiernos priistas y panistas, y le recordaron que Morena tiene el respaldo mayoritario de los mexicanos, por ello no necesita de fraude, ni un INE a modo para ganar en el 2024, como si lo requiere la oposición, y por eso defiende a consejeros facciosos, que les ayuden a cometer fraude.
Los senadores de la oposición anunciaron que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionales, porque el contenido de los cambios, agregados y supresión viola disposiciones constitucionales, además de que se violaron normas de procedimiento en su trámite legislativo.
