*El balón está en el campo de SCJN, presionada para anular el plan “B” comicial.
De la redacción
La movilización opositora al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador llenó el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 26 del pasado mes incluyó una marcha en la capital mexiquense, con el argumento de defender al INE, desde su óptica, en riesgo de destrucción, como lo estaría la democracia y el voto por la reforma a leyes electorales secundarias.
La oposición llenó la principal plaza pública del país, pero distó mucho de congregar a tantas personas como lo hizo el 13 de noviembre del año pasado en la misma capital del país. La del 26 fue apoyada en logística por el gobierno de la Ciudad de México, y no sólo en seguridad, sino también con el templete y plataformas instaladas en la plancha de cemento, grúas, sanitarios portátiles, ambulancias y otros insumos necesarios para la manifestación y los discursos.
La oposición y su patrocinadora, la ultraderecha empresarial, sostienen en todos los tonos, en todas partes y en los grandes medios informativos afines que el presidente López Obrador quiere destruir al INE, a la democracia y el voto popular; como según ella, lo hace con el país, para instalar un régimen autoritario.
Desde el oficialismo, a su vez, se critica que quienes cometieron y se beneficiaron de los fraudes electorales toda su vida ahora hablan de defender la democracia; que Morena no necesitará de un INE a modo para mantener la presidencia de la República y mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión el próximo año, como sí, lo requieren sus adversarios, porque no tienen votos y piensan cometer fraudes.
Los opositores aseveran que el mandatario, Morena y la cuarta transformación quieren regresar al pasado, pero desde el oficialismo responden que el PRI, el PAN y la ultraderecha empresarial son el pasado de corrupción y quieren volver a lo mismo, con el apoyo de sus medio informativos de circulación nacional.
El relevante asunto de la reforma electoral será dirimido por la Suprema Core de Justicia de la Nación (SCJN), que en los discursos del 26 en el Zócalo capitalino especialmente el del ministro en retiro, Ramón Cosío, fue objeto de presiones para que invalide los cambios a las leyes comiciales.
Ahí se dirimirá el asunto, porque la SCJN tendrá la última palabra. Lo que resuelva será inatacable, porque no hay otra instancia superior para revocarla o confirmarla. Los poderes Ejecutivo y Legislativo tendrá que acatar el fallo, para cuya validez necesitará de 8 de los votos de los 11 ministros para declarar inconstitucional todas, algunas o disposiciones del paquete de reformas electorales.
Si 4 ministros consideran que la reforma no viola la Constitución, la oposición fracasará; de lo contrario, el proceso para elegir presidente de la República, senadores y diputados federales se regirá por el actual marco jurídico comicial.
