*Ordena juez investigar torturas *Resurge la sospecha de crimen de Estado
De la redacción
La ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, el 23 de marzo de 1994, en Tijuana, Baja California, volverá a ser noticia, por el amparo otorgado a Mario Aburto Martínez, para que se investiguen las torturas que sufrió para que se declarara culpable del hecho. No se investigaron cuando debió hacerse. Y ahora se hará por mandamiento judicial.
Lo resuelto por el juez segundo de distrito de amparos en materia penal, Antonio González García, abrió la posibilidad de una investigación a fondo sobre los autores intelectuales de la ejecución, los móviles y la impunidad de que gozan.
Está reconocido oficialmente que Aburto Martínez no contó con ventajas al ejecutar a Colosio Murrieta. Así lo determinó el fallo de un tribunal unitario en materia penal del segundo circuito judicial, con sede en esta capital mexiquense, que le redujo la sentencia dictada por el juzgado penal de la causa, precisamente, porque no se dio la agravante de ventaja, dado que la víctima contaba con un numeroso, bien armado y altamente calificado equipo de seguridad, que representaba peligro de muerte para el ahora condenado por ese delito.
Había recibido sentencia condenatoria de 50 años de prisión. En 1994, cuando ocurrieron los hechos, la pena máxima de cárcel por los homicidios intencionales con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, era de medio siglo.
De acuerdo con un seguimiento de “El Espectador” a las actuaciones judiciales de primera instancia contra Mario Aburto Martínez, éste cometió el homicidio el 23 de marzo de 1994 con las tres agravantes.
No obstante, el área de la defensoría públicas federal, que defendió al confeso asesino material y oficialmente “solitario” del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta sostuvo que su defendido no actuó con las tres agravantes, sino sólo con dos. Apeló la sentencia y logró que un tribunal de alzada, cambiara la sentencia y la redujera; es decir, no le aplicó la pena máxima de prisión, a pesar de que la ejecución del candidato presidencial priista tuvo numerosos y multiplicadores efectos adversos políticos, económicos.
Le quitó agravante de “ventaja” y le dejó las de premeditación y alevosía. Y redujo la condena de cárcel de 50 a 42 años y 6 meses, de los que compurgó ya 29. El magistrado que estudió la apelación argumentó que Aburto Martínez no tuvo ventaja, porque la víctima estaba fuertemente protegido por un equipo de seguridad armado y altamente calificado, que inclusive pudo quitarle la vida al sentenciado.
Eso robusteció la hipótesis de que le dieron facilidades a Aburto Martínez para que matara a Colosio. Eso indicaría la existencia de una conspiración de Estado para la ejecución, contrario a lo que opinan los salinistas que ocupan espacios de opinión en los medios informativos de cobertura nacional, y que se irritan cuando se plantea esta posibilidad.
La misma impunidad absoluta de los autores intelectuales de esa verdadera ejecución, es prueba de que se trató de un crimen de Estado, los cuales nunca son aclarados, desde Julio César a la Fecha, porque quienes los ordenan bloquean y desvían las investigaciones, por lo que la verdad nunca se conoce. .
