*Ha cumplido 29 años de condena, le restan otros once.
De la redacción
Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en Tijuana, el 23 de marzo de 1994, acusó hoy a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y al juez que lo procesó, de no haber atendido su denuncia por las torturas que le aplicaron la noche de la ejecución del político. Recordó que en la primera audiencia judicial, reveló que lo torturaron para que se confesara culpable del hecho y para que declarara que un partido y un conocido político habían ordenado darle muerte al sonorense.
Hoy se cumplieron 29 años del atentado que le costó la vida a Colosio Murrieta y de la captura de Aburto Martínez, quien fue condenado a más de 40 de prisión, como autor material e intelectual de la ejecución; es decir, como “asesino solitario”, según rectificó en ese tiempo la PGR, después de que en un principio había denunciado que la agresión a tiros fue una acción concertada, en la cual participaron varias personas.
Periodistas que cubrieron el proceso penal contra Mario Aburto Martínez y estuvieron presente en su declaración judicial preparatoria, confirmaron que, efectivamente, el detenido acusó que fue torturado para declararse culpable, y lo presionaron para que inculpara a un partido y a un político de ser el autor intelectual del hecho, que tuvo impacto desastroso en el proceso electoral, en la economía y la política, y que finalmente propició la candidatura y presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León.
Los informadores profesionales puntualizaron que en esa primera audiencia judicial, efectuada en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, entonces conocida como “La Palma”, Aburto reconoció su autoría del homicidio, pero sostuvo que no era intención asesinar a Colosio, sino sólo lesionarlo en la pierna, pero que alguien de mucha fuerza le dirigió la mano armada con un revolver y la colocó en la cabeza de la víctima.
Aburto Martínez precisó que muy noche fue sacado de la delegación de la PGR en Tijuana y llevado a una playa, donde lo torturaron, antes de trasladarlo a Almoloya de Juárez. También quedó asentado que Manlio Fabio Beltrones, entonces gobernador de Sonora y amigo personal del presidente Carlos Salinas de Gortari, interrogó al detenido, con lo cual incurrió en el delito de usurpación de funciones, porque procedió como si hubiera sido agente del ministerio público, además de violar la soberanía del estado de Baja California, al acudir en calidad de interrogador.
Las denuncias de tortura hechas por Aburto Martínez el 24 de marzo de 1994, en La Palma, no fueron tomadas en cuenta. No se investigaron, lo cual está reclamando ahora que se haga, 29 años después de ocurrida la ejecución de Colosio Murrieta y de haber compurgado 29 años de la sentencia condenatoria de más de 40 años.
A los periodistas que cubrieron el proceso penal contra Aburto Martínez les llamó mucho la atención que hubiera podido acercarse al candidato, quien estaba protegido por un numeroso equipo de seguridad altamente calificado. Aun así, pudo colocarle el arma en la cabeza y dispararle. Y más raro fue todavía el que no lo hubieran detenido los escoltas del candidato, sino personas de Tijuana, cuando huía.
Esos hombres fueron detenidos también e internados en La Palma, acusados de participación en el homicidio del candidato presidencial, pero defensores públicos desvanecieron con facilidad las acusaciones, con el argumento jurídico y lógico de que no podían haber sido cómplices de Aburto Martínez, porque ellos lo detuvieron, lo que jamás habrían hecho de ser participantes en el atentado.
