*Policías, peritos y MP habían protegido al esposo asesino: era comandante.
De la redacción
La lucha inquebrantable de cerca de 13 años de doña Irinea Buendía, para lograr justicia para su hija, Mariana Lima Buendía, asesinada por su esposo, un comandante de la Policía Judicial mexiquense, de nombre Julio César “N”, fructificó el 13 de este mes: el autor de esa muerte violenta intencional fue sentenciado a 70 años de prisión, multa de 172 mil pesos y reparación del daño por 6 millones.
El homicidio doloso con agravante, por ser esposo de la víctima, se cometió el 28 de junio de 2010, cuando en suelo mexiquense no existía la figura penal de feminicidio (se creó en 2011), por lo cual el culpable fue condenado por homicidio doloso.
Fue determinante en el resultado de esta lucha la intervención de la Suprema Core de Justicia de la Nación (SCJN), que atrajo el caso y ordenó a la justicia mexiquense indagar la muerte de Lima Buendía, una joven de 28 años, como homicidio doloso. Mucho apoyó la causa la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, hoy senadora.
Julio Cesar informó que su esposa, con quien vivía en Chimalhuacán, se había suicidado. No obstante, las circunstancias que rodearon su muerte indicaban claramente que el suicidio era imposible. Con todo ello, policías investigadores, peritos y agentes del ministerio público determinaron que la víctima se quitó la vida.
Protegieron al asesino, le dieron impunidad en una red de complicidad, y poco tiempo después el comandante no sólo obtuvo impunidad, sino fue premiado con un ascenso en su carrera policiaca, pero doña Irinea Buendía no se resignó a aceptar la verdad construida con fines de protección al mando policiaco e inició una lucha que la condujo a convertirse en emblema nacional e internacional del combate al feminicidio e impunidad. Por eso el caso fue atraído por la SCJN. El caso ya había sido cerrado, como concluido, con la causal de muerte por suicidio.
Fue reabierto y las nuevas investigaciones concluyeron que se trató de un homicidio, y que el presunto culpable era su esposo, el mando policiaco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (ahora Fiscalía).
Julio César “N” fue capturado en 2016; es decir, 6 años después de los hechos, pero no recibía sentencia, lo cual motivó a Irinea Buendía a intensificar su lucha y a exigir se le dictara sentencia condenatoria. Participó en las movilizaciones contra los feminicidios, pero fue víctima de hostigamiento y amenazas para que desistiera de exigir justicia, al grado de que junto con su familia fue desplazada e incorporada al Mecanismo de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación y adscripto al subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez.
