*En Perú asesinaron a 70 manifestantes; El Salvador, un año sin estado de derecho.
De la redacción
Dos posiciones políticas e ideológicas de Estados Unidos este año probaron que mantiene su hipocresía y utiliza el tema de la democracia para desacreditar a gobiernos que no se someten a su política exterior, como es el caso de México, y brindar apoyo a gobiernos represivos y antidemocráticos: Perú y El Salvador, según un análisis de “El Espectador”.
Segmentos del gobierno del vecino país se mostraron injerencistas en los asuntos internos de México, por el tema de la reforma electoral legal, conocido peyorativamente como “Plan B”, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de rechazarse la reforma electoral constitucional.
Varios representantes y senadores, en coincidencia con altos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense expresaron su desacuerdo por la entrada en vigor del “Plan B”, y con evidente desconocimiento del contenido, objetivos, orientación y alcance de la reforma electoral, hicieron suyos los cuestionamientos de la oposición mexicana y sostuvieron que la democracia estaba en riesgo.
Alertaron en el sentido de los cambios legales del marco jurídico comicial iban a destruir al INE, afectar la democracia y el voto, como internamente lo sostuvieron también en una manifestación, Vicente Fox Quesada, Roberto Madrazo Pintado, Elba Esther Gordillo Morales, Alejandro Moreno Cárdenas, Marko Cortés y Lily Téllez. Los estadounidenses se alarmaron y dieron por real las denuncias opositoras. Se mostraron como defensores de la democracia.
No obstante, dos situaciones más evidencian la hipocresía de esos estadounidenses: la primera, su silencio sepulcral frente a los más de 70 muertos de manifestantes pacíficos contra Dina Boluarte en Perú, ocurriros entre el 10 de diciembre y el 10 de febrero en Perú.
Boluarte sustituyó en la presidencia de la República al depuesto presidente Pedro Castillo, y un alto porcentaje de la población se manifestó y sigue manifestando en demanda de nueva elección presidencial, y por la libertad de Castillo. En los últimos días se agregó también la exigencia de renuncia a Boluarte.
Fuerzas de seguridad reprimieron con brutalidad a manifestantes y utilizaron armas letales. Un día particularmente violento contra manifestantes pacíficos hubo 17 asesinatos.
Frente a la represión, muertes y ruptura del orden constitucional en Perú, Estados Unidos no ha expresado una sola condena al atentado a la democracia, como sí lo hizo en el caso de la reforma electoral mexicana, que sólo busca atenuar el dispendio de fondos públicos en el INE. La propia embajadora estadounidense respalda a Boluarte, y horas después de la destitución de Pedro Castillo, la visitó en la sede de la presidencia de la República.
El otro grave caso de ruptura del orden constitucional, que no preocupa y de alguna manera apoya Estados Unidos, es el de El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele cumplirá el 27 de este mes un año gobernando con un “Estado de excepción”; es decir, con la suspensión de las garantías constitucionales. Pueden detenerse a las personas sin orden judicial y sin informarles de los motivos de su aprehensión. Y decretar prisión preventiva hasta 15 días, en lugar de las 2 horas que ordena la Constitución. Son sólo dos casos actuales que muestran la dobla cara del vecino país, que contrasta con su posición frente a la reforma electoral mexicana.
