*Se queja de que ni el juez ni el ministerio público tomaron en cuenta su denuncia.
De la redacción
Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, en Tijuana, Baja California, se quejó de que desde su primera declaración judicial denunció que fue torturado, en un interrogatorio, en una playa, pero que ni el juez de la causa, ni los agentes del ministerio público le hicieron caso y, menos investigaron el caso.
La ejecución del político sonorense tuvo impacto desastroso en la política, la economía y el proceso electoral, y a 29 años de ocurrida, el autor material, quien compurga una pena de cárcel de más de 40 años, obtuvo un amparo para que se revise su caso.
Colosio Murrieta, cuyo hijo del mismo nombre es alcalde de Monterrey, fue asesinado en una colonia popular de Tijuana. El caso dejó muchas dudas y sospechas sobre la existencia de un complot desde el mismo poder; sobre todo, por las facilidades que tuvo Aburto para llegar hasta su víctima, pegarle el cañón de un revolver en la cabeza, disparar y huir.
Aburto Martínez no fue detenido por el numeroso equipo de seguridad del candidato presidencial, altamente calificado para dar protección a personajes. Los escoltas no impidieron que el homicida llegara y disparara a Colosio, y tampoco se interesaron en detenerlo. Dejaron que se fuera.
El autor material de la muerte de Colosio Murrieta fue detenido por ciudadanos, quienes lo sometieron y desarmaron. Luego lo entregaron al equipo de seguridad y posteriormente lo llevaron a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en esa ciudad fronteriza, según lo declarado ministerial y judicialmente en el expediente del caso, abierto el mismo 23 de marzo de 1994.
No miente Aburto Martínez en cuanto que denunció en la primera audiencia judicial las torturas de que fue víctima, según lo verificó “El Espectador” con periodistas que cubrieron desde el primer día el proceso contra el asesino confeso.
Declaró que el primero en interrogarlo fuera de la delegación de la PGR fue Manlio Fabio Beltrones, entonces gobernador de Sonora. No detalló que el político lo hubiera torturado personalmente, pero abundó que lo presionaron para que confesara que un partido y un político habían ordenado la ejecución de Colosio Murrieta.
Beltrones, un hombre cercano al entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, incurrió en delitos: al menos violó la soberanía del estado de Baja California, en poder del PAN; y usurpó funciones de ministerio público federal, al interrogar al detenido por la muerte de otro sonorense, Luis Donaldo Colosio Murrieta. .
Aburto cumplió ya 29 años preso, y busca su libertad con el argumento de que fue torturado para que declarara lo que querían sus interrogadores y asevera que su denuncia de tortura fue ignorada por los fiscales y el juez de la causa. Y es verídico lo de su denuncia, según los periodistas que escucharon lo que en ese tiempo se conocía como declaración preparatoria.
