COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
MAL HABLA DE LAS PRIORIDADES DE ALCALDES:
PELEARON POR MÁS GASTO EN PROPAGANDA
Entre las numerosas controversias constitucionales que se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la reforma a la Ley General de Comunicación Social destacaron las decenas impulsadas or alcaldes y alcaldesas de la mayor parte de los estados de la República.
Al final los recursos tuvieron eficacia como medios de presión, porque la Cámara de Diputados Federal, donde tuvo origen la iniciativa de reforma, decidió derogar los dos últimos párrafos del inciso VII del artículo 26 de esa norma, para que no se pudiera un límite al gasto publicitario o propagandísticos de los gobiernos estatales, municipales y de órganos autónomos. De esta forma se suprimió el tope del 0.1 por ciento de los presupuestos de egresos anuales para los programas anuales de comunicación.
El PAN y el PRI se opusieron a esos a la reforma a la Ley General de Comunicación Social, porque, argumentaron, la reducción del agsto de difusión pondría en riesgos la libertad de expresión. La verdad la reforma ponía en riesgos las ganancias de las grandes empresas dueños de medios informativos. También a las editoras modestas, pero éstas, en realidad la publicidad que reciben apenas les permite para mal subsistir, porque también en la asignación de los contratos publicitarios se da el tráfico de influencia y los grandes medios informativos son utilizados como como instrumento de chantaje.
A las poderosas compañías mediáticas no le imponen con facilidad condiciones que limitan su libertad de expresión, como lo hacen con las pequeñas, a quienes inclusive les anunciantes les ordenan la jerarquización de lo que publican en el marco de los convenios. LLegan al colmo de instruir a los medios informativos modesto las cabezas o títulos que deben llevar los comunicados y las páginas en que deben publicarse. Con frecuencia les ordenan hacerlo en las portadas.
En este escenario, llama poderosamente la atención y preocupa que las autoridades municipales, como la que encabeza Raymundo Martínez Carbajal en Toluca, que prestan malos servicios, la población vive con miedo por la inseguridad pública, hay escasez de agua, las calles están destrozadas y cuando las parchan en pocos días los baches reaparecen y están desvinculadas de los gobernados, hayan considerado entre sus prioridades para este año gastar más del 0.1 por ciento en propaganda.
No construyen obras, ni mejoran los servicios porque sostienen que no les alcanza el dinero, pero no quisieron reducir el gasto en pago a los medios informativos para que hablen bien de sus gestiones, aunque sean pésimas. Eso queda de manifiesto con las controversias constitucionales que promovieron en el máximo tribunal constitucional del país.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no dictará ninguna sentencia en estos casos, porque los actos reclamados; es decir, el tope de 0.1 por ciento a gasto propagandístico ya no se aplicará; es decir, los expedientes quedaron sin materia en este aspecto específico; es decir, alcaldes y alcaldesas obligaron con esos recursos a que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados Federal derogó esa parte de la reforma, con lo cual los agravios aducidos ya no se darán, pero su éxito fue indiscutible, pero evidenció cuáles son sus prioridades como gobiernos municipales.
