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El_Espectador_24_Noviembre_2014_N476
El Espectador
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OCULTA PGJEM DELITOS: PRESIONA
A VÍCTIMAS PARA QUE PERDONEN
El sistema de justicia mexiquense encubre a los responsables de delitos: Presiona a las víctimas para llegar a acuerdos conciliatorios, con lo cual los delincuentes ya no son castigados penalmente. Reparan daños y no quedan como responsables de haber cometido delitos, lo cual reduce la incidencia oficial, advirtió el conocido abogado postulante, Guillermo Molina Carbajal.
Esta forma es una especie de privatización del sistema de justicia penal, porque los acuerdos y arreglos conciliatorios tienen más de privados que de público, en una situación muy grave, advirtió.
En una breve entrevista con este semanario, el jurista criticó la ausencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). No cumple con su papel de defender los intereses de la sociedad, pues la presión para no iniciar carpetas de investigación y mejor buscar arreglos, en perjuicio casi siempre de las víctimas, comienza en las agencias del ministerio público, precisó…
ABSORVERÁN EL SERVICIO DE DEUDA
PÚBLICA Y PPS’S 6 MIL 471 MDP EN 2015
El paquete fiscal para el siguiente año prevé un gasto superior a los 211 mil 944 millones de pesos, de los cuales, la mayoría, es decir, cerca de 143 mil millones serán invertidos en desarrollo social: educación, salud, seguridad pública y procuración de justicia, desarrollo urbano, medio ambiente y promoción para el desarrollo social y combate a la pobreza.
Además, 3 mil 914 millones serán destinados al servicio de deuda pública, monto idéntico al erogado este año. A este monto se agregarán 2 mil 558 millones de pesos en pagos por los proyectos de prestación de servicios, obras construidas por particulares y cobradas anualmente al gobierno, para sumar por ambos conceptos 6 mil 471 millones de pesos.
Los municipios recibirán 30 mil 564 millones de pesos, 2 mil 100 millones de pesos más que en 2014, poco más de 7 por ciento de aumento. El principal crecimiento es en el rubro de participaciones que pasa de 17 mil 86 a 19 mil 88 millones para los ayuntamientos…
Editorial
¿POR QUÉ PRIVILEGIAR LOS
ACUERDOS Y NO CASTIGAR?
No es un secreto el mal desempeño del sistema de justicia mexiquense, cuyo origen principal está en el mal funcionamiento de la institución responsabilizada de procurar justicia. La falta de confianza en la PGJEM desanima a las víctimas del delito a presentar denuncia. Conocen la escasa utilidad práctica de hacerlo, y por eso se abstienen.
Este comportamiento de los agraviados contribuye al ocultamiento de la realidad delictiva estatal y, lo más grave, propicia la impunidad, la otra cara negra del tema de justicia, pero si no es justificable, sí resulta entendible el desinterés por acudir al ministerio público, pues a nadie le gusta perder muchas horas en un sitio así, si al final de todos modos en los daños patrimoniales por robo jamás se recupera lo perdido.
No obstante conocerse este grave problema, pocos abogados postulantes tienen el valor civil para dar a conocer las fallas en el funcionamiento de una de las instituciones de mayor importancia estratégica dentro del sistema de justicia, como lo ha hecho Guillermo Molina Carbajal, quien litiga en los juzgados mexiquenses…
COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
URGE FORTALECER INSTITUCIONES, DARLE EFICACIA,
TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD AL PODER PÚBLICO
México tiene muchos, grades y graves problemas. Y la solución se complica y vuelve casi imposible por factores a los cuales no se le concede la importancia debida: la debilidad de las instituciones, su ineficacia, opacidad y alta dosis de corrupción en los tres órdenes de gobierno. En muchos casos a estas fallas se agrega la ausencia de interés de los funcionarios públicos por resolver esos problemas y, peor aún, su acentuada concepción del ejercicio del poder como oportunidad para el enriquecimiento ilícito.
Tiene razón el presidente Enrique Peña Nieto en su percepción de que los actos violentos en las manifestaciones pueden tener como finalidad desestabilizar al país. Sería ingenuo esperar que no existan grupos interesados en ese fin, pero lo sería más creer que sólo las corrientes de extrema izquierda busquen generarle dificultades a la nación.
Hay también poderosísimos intereses económicos y poderes fácticos nacionales e internacionales empeñados en debilitar más a las instituciones, mediante la alteración de las condiciones políticas, económicas y sociales, y son capaces de maniobrar para ello. Quienes soslayen estos riesgos viven en la luna.
En el mismo sentido se mueven los poderes fácticos criminales y los intereses corruptos. Saben que cuando el poder público está debilitado tienen garantizada la conservación de sus cuotas de poder ilegal, su impunidad y se multiplican las oportunidades de continuar obteniendo beneficios a costa del estado de derecho.
No se necesita haber sido alumno aventajado de Sartori para entender que los poderes fácticos económicos someten con mayor facilidad a las instituciones débiles que a las fuertes, por lo que les interesa y conviene debilitarlas, y lo hacen, como lo enseña la historia en todo el mundo.
Y no lo hacen al aventón, a como salgan las cosas, sino con estrategia bien diseñada y mejor ejecutada, que incluye inclusive el aprovechamiento de los sectores más radicalizados de sus adversarios ideológicos, quienes en su odio al poder establecido con frecuencia perpetran actos que sirven a esos poderes fácticos económicos foráneos y domésticos.
Esa posibilidad no debe descartarse en el comportamiento de los reducidos y violentos grupos que cometen delito al amparo de las manifestaciones pacíficas que demandan la presentación de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Es claro que se trata de infiltrados de grupos partidarios de la lucha armada, pero es altamente probable que esos agrupamientos radicalizados, a su vez, también estén infiltrados por los intereses económicos que desean debilitar más a las instituciones.
No sabemos si el presidente Peña Nieto se refirió a este riesgo cuando habló de quienes pudieran estar empeñados en desestabilizar al país, porque los grandes intereses económicos y los poderes fácticos criminales son los únicos que se benefician siempre cuando se debilitan las instituciones y se desestabilizan las naciones.
Los intereses populares no resultan beneficiados en esas circunstancias. Y eso lo saben los poderes fácticos, por lo que al país le convienen instituciones fuertes, eficaces, honestas, transparentes en el ejercicio del gasto, sensibles ante los problemas sociales e interesadas de verdad en resolverlos, porque es indiscutible que existe un gran déficit en esto.
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