*Grandes abusos en la suma de dinero que se llevaron, pero también ilegalidades.
De la redacción
Lorenzo Córdova dejó la consejería y presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), donde junto con Ciro Murayama desnaturalizaron las funciones del organismo, al comportarse como opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador y parte de la derecha del país.
Juno con ellos dejaron también sus asientos en el Instituto Adriana Favela y José Roberto Ruiz. Y todos se llevaron millones de pesos por diversos conceptos; algunos, verdaderos e inmorales abusos, aunque hayan sido incorporados a normas internas.
No obstante, hay dos cobros que son cuestionables en cuanto a su legalidad y uno de ellos es claramente ilegal, sin sustento en la legislación que se invoca: el seguro individualizado de retiro no tiene fundamento en el marco jurídico laboral, según el abogado laboral Roberto Antonio Romero Barba.
Lo acumulado en la caja de ahorro, explicó, “es inmoral, antiético; sobre todo, cuando se aplica a un grupo de la alta burocracia dorada, porque no se generaliza a los millones y millones de trabajadores de la economía formal y, mucho menos, de la informal, tan extendida en México”.
Y es que los consejeros ahorraron un determinado porcentaje de su sueldo mensual, “y dado que ganan elevadísimo sueldos, pueden ahorrar cada mes lo que no ganan al mes 4 trabajadores del salario mínimo juntos. Aunque en principio está bien su hábito del ahorro de sus ingresos”, abundó.
El problema de inmoralidad, abuso y antiética consiste en que el INE les aporta otra suma igual, que provienen del presupuesto que financiamos todos los mexicanos con nuestros impuestos, “para beneficiar a quienes, en contra de lo que ordena la Constitución, ganan más que el presidente de la República”, subrayó.
Más grave, por ilegal, advirtió Romero Barba, “es el llamado finiquito por fin de gestión, que también recibió el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo. Se calculó con base en sus ingresos, el tiempo de servicio y, falsamente, se sustentó en la legislación del trabajo”.
Los exconsejeros no tenían una relación laboral de subordinación a un patrón o empleador en el INE: ellos eran la autoridad; es decir, los patrones.
En forma ilegal y con un descomunal cinismo, Lorenzo Córdova y sus compañeros que salieron del Instituto por haber terminado su gestión se equipararon con un trabajador despedido injustificadamente por la empresa que lo empleaba.
Fueron más allá, porque un asalariado despedido injustificadamente debe recurrir a un juicio laboral y ganarlo para poder recibir una indemnización equivalente a tres meses de salario y 20 días por año. Y si pierde el caso ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo, no recibe nada.
Córdova y sus compañeros no tenían derecho a esa indemnización, porque no los despidieron en forma injustificada, ni eran trabajadores subordinados a un patrón, ni demandaron, ni ganaron un juicio laboral. “Lo que hicieron los pinta de cuerpo entero como verdaderos vivales”, concluyó el entrevistado.
