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El_Espectador_08_Diciembre_2014_N478
El Espectador
Portada
OPERAN SIN REGLAMENTO, NI
MANUALES, POLICÍAS LOCALES
El 70 por ciento de las más de mil 800 policías municipales del país, las cuales serán suprimidas con una reforma constitucional para crear policías estatales únicas, opera sin tener siquiera un reglamento interno. Peor está la situación en cerca de 600 municipios extremadamente pobres, donde no hay policías, según informó el propio gobierno federal.
Los cuerpos de seguridad improvisados, sin una norma interna ni manuales para funcionar superan las mil 260 corporaciones. Su estructura y funcionamiento son empíricos, bajo las órdenes de mandos igualmente sin idea de cómo deben ser los operativos, de acuerdo con estudios de las organizaciones de autoridades de este nivel, consultados por “El Espectador”.
Las investigaciones de asociaciones de alcaldes del PRI, PAN y PRD arrojan los mismos resultados: en esos más de mil 260 cuerpos de seguridad municipales los niveles escolares de sus elementos son mínimos, con casos extremos de uniformados analfabetas en los municipios más pobres…
CEDEN TRABAJADORES DERECHOS EN
ACUERDOS AMISTOSOS CON PATRONES
Los acuerdos conciliatorios en los conflictos laborales siempre se concretan con menoscabo de los derechos de los trabajadores, aseveró Luís Arturo Solá Aquino, abogado postulante en materia del trabajo en tribunales de la materia local y federal en el Valle de México.
“Si el acuerdo es antes de un laudo, los patrones pactan la salida amistosa o conciliatoria sólo cuando saben que van a perder, porque el despido fue injustificado y no podrán ganar el juicio, pues cuando tienen la razón legal no ceden”, explicó el especialista.
Sobre el mismo tema, Juan Vargas García, experto en derecho laboral y dedicado a litigar en esta materia, explicó que los acuerdos conciliatorios son legales, porque esa es la razón de ser de las juntas son de conciliación y arbitraje, pero reconoció que hay casos en los cuales los arreglos afectan el derecho de los asalariados…
Editorial
NO HABRÁ BUEN PRESIDENTE
CON MALOS GOBERNADORES
El presidente Enrique Peña Nieto anunció 10 acciones para resolver el problema de la inseguridad pública, erradicar la delincuencia organizada y común, terminar con la corrupción, la impunidad y combatir frontalmente la pobreza y desigualdad.
Ningún mexicano honesto puede estar en desacuerdo con esos objetivos. La presencia, fortalecimiento, expansión y actividades de los grupos delictivos constituyen el principal problema de la sociedad, y la recuperación de la tranquilidad, seguridad, paz y condiciones necesarias para la convivencia armónica es ahora una de las centrales aspiraciones colectivas.
La gente madura, y no se diga la población integrada por adultos mayores, añora lo que en su momento no valoraron de manera suficiente: la seguridad pública y el respeto a los bienes y vida de las personas, la tranquilidad y la ausencia o mínimo peligro de sufrir un secuestro, asalto o una agresión mortal de parte de delincuentes despiadados…
COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
PODRÍA RESULTAR NEGATIVO DEBILITAR AL MUNICIPIO
Los problemas de inseguridad pública son mayores a lo pensado, a juzgar por las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto para enfrentarlos y tratar de erradicarlos. Y entre esas acciones figuran algunas, cuya naturaleza y alcance constitucionales merecen un análisis riguroso antes ser sometidas a votación en el Senado de la República.
No hay discusión sobre la pertinencia de impulsar el desarrollo económico de las entidades federativas más atrasadas, como guerrero, Oaxaca y Chiapas. Tampoco cabe en cuanto al combate a la corrupción y la impunidad. Y resulta novedoso y justificado el interés en incluir ahora y castigar a particulares como parte de la ecuación corruptos-corruptores.
No obstante, de entre las 10 medidas dadas a conocer por el titular del Poder Ejecutivo Federal hay algunas no exentas de graves riesgos para el futuro de nuestro federalismo: pueden debilitar al municipio como institución y célula primaria de nuestro sistema de político y de gobierno. Además, los objetivos de esas medidas pueden lograrse sin reformas constitucionales y sin privar de mando policial a las comunas.
En estricto rigor, el problema de la inseguridad no es de leyes, sino de corrupción y malos gobiernos. Las fallas en los sistemas de seguridad pública y de justicia no están en las normas, sino quienes deben aplicarlas, y no lo hacen, lo hacen mal o las violan, pues disposiciones jurídicas para desconocer ayuntamientos y sancionar penalmente a los alcaldes que incurran en delito existen en el andamiaje legal federal y de los estados.
Las autoridades municipales pueden no sólo ser desconocidas sin incurren en las causales previstas por las leyes locales para ello, sino también encarceladas. Y no sólo por delitos de delincuencia organizada. Proceden igualmente estas acciones para actos de corrupción, violación de los derechos humanos y otros ilícitos. Esto es aplicable también a los gobernadores. Si no se castigan no es por vacíos legales, sino por protección política a los gobernantes corruptos y delincuentes. No hacen falta leyes para sancionarlos.
El presidente Peña Nieto acertó al referirse al grave problema de la debilidad institucional de los municipios, pero se quedó corto, porque esa misma fragilidad la padecen los gobiernos federal y estatales. Eso quedó muy claro con los lamentables y condenables hechos de Iguala-Cocula.
De acuerdo con testimonios recogidos por este espacio de opinión en la cuna de la bandera mexicana, el involucramiento de José Luís Abarca y su mujer con la delincuencia organizada era conocido por toda la población. Y si de ello tenían conocimiento los ciudadanos comunes y corrientes, con mayor razón debieron saberlos las autoridades federales y estatales encargadas de investigar y perseguir los delitos. Esa era y es su obligación. Si no lo sabían, malo; y si lo sabían y por diversas razones no actuaron, peor.
Dónde estaban las procuradurías estatal y federal, el CISEN y los servicios de inteligencia militar mientras “Guerreros Unidos” perpetraban una larga cadena de delito en toda la tierra caliente guerrerense, de los cuales los más graves fueron el secuestro y ejecución de decenas, si no es que de centenares de personas, enterradas en fosas clandestinas, antes de la muerte de estudiantes normalistas y del secuestro de 43 más.
El combate a la inseguridad pública puede y debe darse sin necesidad de debilitar al municipio; al contario, debe fortalecérsele, incluyendo la capacitación y depuración de sus cuerpos policíacos, no suprimiéndolos. Lo de Iguala-Cocula demostró que no sólo los policías municipales pueden ser comprados por la delincuencia organizada.
Interiores
Proponen dar 12 años de cárcel a usureros que se aprovechan de necesitados Pg. 4
Descarta Montiel volver a los cargos de elección popular el próximo año Pg. 5
No han renovado credencial casi 500 mil mexiquenses; si no lo hacen no podrán votar Pg. 7
