*Felipe Calderón y Ricardo Anaya, del PAN; y “Alito”, del PRI, se quejan de eso.
De la redacción
(Primera parte)
Una serie de conocidos y poderosos o ex poderosos políticos y gobernantes son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos. No pocos fueron ineptos y rindieron malas cuentas, pero eso no es delito en México. Pero un recuento de “El Espectador” indica que todos se reclaman “perseguidos políticos”.
La lista es extensa, y los casos más notorios los encabeza el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien adicionalmente, después del veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular de Estados Unidos contra su secretario de Seguridad Pública y hombre de confianza, Genaro García Luna, se quejó de ser víctima de persecución mediática en México.
Desde España, donde radica arropado por la extrema derecha de ese país, el ex mandatario opina, reprueba, crítica y habla todos los días de lo que hace, no hace, dice o no dice el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene a su disposición todos los medios informativos impresos y electrónicos de cobertura nacional, y no tiene orden de aprehensión en su contra.
La llamada prensa nacional no le crítica y más bien lo defiende. A quien sí combate y critica todos los días y a todas horas es al actual presidente de la República, por lo que el recurso de Calderón Hinojosa de considerarse perseguido político lo expone para evitar se le investigue, se integre y judicialice una carpeta de investigación.
Otro caso de político y ex gobernante estatal quien se presenta como perseguido político es Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”. Su sucesora en la gubernatura de Campeche, Layda Sansores, le detectó una inmensa fortuna, cuyo origen lícito no puede acreditar con sus ingresos como gobernante que, sumados, representan menos de la tercera parte de cuanto vale su mansión en la capital de su estado.
Y ese inmueble es sólo una mínima parte del patrimonio acumulado cuando gobernó Campeche. No obstante, se queja de persecución política, aunque él sí tiene en su contra denuncias penales por enriquecimiento ilícito.
Otro ex gobernante estatal que no se cansa de denunciar que es un perseguido político del gobierno del presidente López Obrador es Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. Se enriqueció en forma descomunal y con fuertes sospechas de que protegió y se benefició de la delincuencia organizada, con fuerte presencia en su entidad federativa. Fue desaforado por la Cámara de Diputados Federal, pero la Legislatura Local, que controlaba, rechazó lo resuelto por la primera, y no se libró orden de aprehensión contra el entonces mandatario, quien se queja de que lo persiguen porque quiere ser candidato presidencial opositor. (Continuará)r
