*La lucha por la gubernatura no debe ser por el “quítate tú, para ponerme yo”.
De la redacción
Pobreza y escasa escolaridad caracterizaban a quienes fallecieron víctimas del Covid-19 en el Estado de México. “La pandemia afectó más a los mexiquenses de bajos recursos”, según un análisis del Partido del Trabajo (PT).
Y son esas mismas condiciones el común denominador de la población recluida en las cárceles de la entidad, llamada eufemísticamente “personas privadas de la libertad” (PPL). Por esta razón la lucha por la gubernatura no debes ser para el “quítate tú, ara ponerme yo”, ni para que lleguen corruptos a los cargos, advirtió el partido.
Los datos estadísticos difundidos por esa organización política, parte de la alianza “Juntos haremos historia en el Estado de México”, indican que de las más de 32 mil PPL, sólo el 4 por ciento tiene estudios superiores.
Pero el dato más preocupante es que, del total de la población encarcelada, el 40 por ciento apenas cuenta con estudios de primaria; es decir, ni siquiera cumplió los 9 años de la enseñanza básica.
De los internos, la quinta parte; es decir, el 20 por ciento, cursó la educación media superior, mientras el resto completó la secundaria. Aquellos con escolaridad de nivel básico y medio superior equivalen al 75 por ciento del total de internos de los penales.
En el caso de los estragos ocasionado por la pandemia, las víctimas fatales en una abrumadora mayoría fueron personas de baja escolaridad e ingresos precarios, dedicados a la albañilería, como peones u otras actividades de baja remuneración.
Respecto a los jóvenes encarcelados en los penales del Estado de México, al interior de esos centros de reclusión padecen mal trato físico, extorsiones y humillaciones por pare de otros presos, protegidos por autoridades carcelarias, según información del Observatorio Ciudadano en materia de derechos humanos de los presos en la entidad mexiquense.
En muchos penales siguen operando, con o sin protección de las autoridades de la materia, los llamados “autogobiernos”, que no son otra cosa que el control y sometimiento de los internos por grupos de reos peligrosos, quienes les cobran por todo, y las extorsiones que se extienden a los familiares de las personas privadas de su libertad.
Llegan al grado de grabar videos que registran las torturas aplicadas a los presos que no pagan por servicios o protección, material que después mandan a sus familiares para obligarlas a entregar dinero a cambio de no aplicarles tormentos.
Y “son los presos jóvenes, pobres y con pocos años de estudios, los que más padecen”, según las organizaciones civiles.
