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El_Espectador_26_Enero_2015_N483
El Espectador
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EN CAÍDA DE PRECIO DE PETROLEO
MÉXICO ES UN “DAÑO COLATERAL”
El desplome de los precios del petróleo es inducido y responde a la estrategia geopolítica, destinada a someter a los adversarios ideológicos de Estados Unidos. Y si México es perjudicado, se trata de un “daño colateral” de esa maniobra. No es el destinatario de la misma, sostuvo Roberto Güiza Guarneros, economista e investigador de la UAEM.
El experto en el tema explicó que por el seguro contratado por México para garantizar ingresos petroleros equivalentes a 79 dólares por barril vendido en el mercado mundial, este año los ingresos públicos federales no se verán mermados significativamente.
Lo serán los de las entidades federativas y los municipios, porque cada año el gasto público del país se programaba a partir de un determinado precio del petróleo de exportación. Por regla general el tope era conservador y al final resultaba superado ampliamente…
COSTARÁ A GEM 28.5 MDP PLANEAR Y
EVALUAR LA INFORMACIÓN PAGADA
El Poder Ejecutivo gastará este año 28.5 millones de pesos tan solo en planeación de estrategias publicitarias y en seguimiento y evaluación de lo publicado por los medios informativos sobre las actividades gubernamentales, según datos contenidos en el presupuesto de egresos de 2015.
Las erogaciones están incluidas en los 203.5 millones de pesos autorizados para la difusión de cuanto hacen o dicen los funcionarios de la administración estatal del gobernador Eruviel Ávila Villegas.
En el caso de la información a publicarse en medios informativos de cobertura nacional, se trata de las notas pagadas, porque periódicos y noticieros de radio y televisión no publican ni una línea, ni un segundo si no lo facturan al gobierno estatal…
Editorial
MÉXICO, EN ENCRUCIJADA, NO
PERCIBIDA EN SU MAGNITUD
El desplome de los precios del petróleo en el mercado mundial, según muchos especialistas en el tema, es inducido para afectar económica y políticamente a los adversarios ideológicos de los Estados Unidos. Los expertos no encuentran lógica a la magnitud de la caída de las cotizaciones del crudo, incluso coinciden en que los efectos del fenómeno en México son los daños colaterales en esa estrategia geopolítica utilizada en la guerra de los grandes intereses globalizados.
Pueden tener razón o no, pero aun cuando efectivamente no existieran propósitos de afectar a México, en la práctica la reducción del precio del petróleo tendrá consecuencias negativas y severas en la disponibilidad de fondos presupuestales a partir del próximo año.
Como cualquier persona medianamente enterada lo sabe, para el presente ejercicio fiscal el gobierno federal tiene garantizado el equivalente a 79 dólares por cada barril vendido en el extranjero, por un seguro especial contratado con antelación, cuando todavía no se creía posible un desplome tan grande en las cotizaciones de este recurso natural no renovable.
No obstante, para 2016 el tema del seguro será radicalmente distinto. Si la cobertura de riesgo fue fijada para este año en 79 dólares por barril en un momento en que se vendía en aproximadamente 90 dólares, y si para el próximo año los precios en esta materia no se recuperan en forma extraordinaria, posiblemente anden por los 45 dólares. Ante esto, las aseguradoras darán una protección inferior a ese precio.
No se necesita haber egresado de Harvard como doctor en economía para entender que las compañías aseguradoras aceptarán garantizar un precio mucho menor a ese, por ello los ingresos públicos federales se reducirán mucho en 2016. Y las contribuciones de Petróleos Mexicanos a la Secretaría de Hacienda representan todavía más del 30 por ciento de los ingresos totales. El hoyo que registrarán las finanzas públicas será muy grande, justo cuando las necesidades presupuestales del país serán mayores.
Y si a esta situación se agrega la inseguridad pública, el creciente desempleo en términos absolutos y la generación de plazas de trabajo precarias, la baja productividad, la debilidad del mercado interno, la corrupción, la impunidad, la ineficacia y opacidad gubernamentales en los tres órdenes de gobierno, el déficit de ciudadanía y el fortalecimiento de los poderes fácticos, más la persistencia de la pobreza, una pesada deuda pública que supera los 8 billones de pesos (casi el doble del presupuesto federal de este año), existen razones para preocuparnos.
No obstante, el grueso de la población tiene poca conciencia de esta realidad. Agobiada por la búsqueda de los ingresos para la alimentación del día, no percibe la gravedad de los problemas nacionales, cuya solución no está a la vuelta de la esquina. Superarlos sería extremadamente difícil aun con altos precios del petróleo, pero con el desplome de la cotización de esta materia prima la situación se complicará y aplazará más.
EDITORIAL
MÉXICO, EN ENCRUCIJADA, NO
PERCIBIDA EN SU MAGNITUD
El desplome de los precios del petróleo en el mercado mundial, según muchos especialistas en el tema, es inducido para afectar económica y políticamente a los adversarios ideológicos de los Estados Unidos. Los expertos no encuentran lógica a la magnitud de la caída de las cotizaciones del crudo, incluso coinciden en que los efectos del fenómeno en México son los daños colaterales en esa estrategia geopolítica utilizada en la guerra de los grandes intereses globalizados.
Pueden tener razón o no, pero aun cuando efectivamente no existieran propósitos de afectar a México, en la práctica la reducción del precio del petróleo tendrá consecuencias negativas y severas en la disponibilidad de fondos presupuestales a partir del próximo año.
Como cualquier persona medianamente enterada lo sabe, para el presente ejercicio fiscal el gobierno federal tiene garantizado el equivalente a 79 dólares por cada barril vendido en el extranjero, por un seguro especial contratado con antelación, cuando todavía no se creía posible un desplome tan grande en las cotizaciones de este recurso natural no renovable.
No obstante, para 2016 el tema del seguro será radicalmente distinto. Si la cobertura de riesgo fue fijada para este año en 79 dólares por barril en un momento en que se vendía en aproximadamente 90 dólares, y si para el próximo año los precios en esta materia no se recuperan en forma extraordinaria, posiblemente anden por los 45 dólares. Ante esto, las aseguradoras darán una protección inferior a ese precio.
No se necesita haber egresado de Harvard como doctor en economía para entender que las compañías aseguradoras aceptarán garantizar un precio mucho menor a ese, por ello los ingresos públicos federales se reducirán mucho en 2016. Y las contribuciones de Petróleos Mexicanos a la Secretaría de Hacienda representan todavía más del 30 por ciento de los ingresos totales. El hoyo que registrarán las finanzas públicas será muy grande, justo cuando las necesidades presupuestales del país serán mayores.
Y si a esta situación se agrega la inseguridad pública, el creciente desempleo en términos absolutos y la generación de plazas de trabajo precarias, la baja productividad, la debilidad del mercado interno, la corrupción, la impunidad, la ineficacia y opacidad gubernamentales en los tres órdenes de gobierno, el déficit de ciudadanía y el fortalecimiento de los poderes fácticos, más la persistencia de la pobreza, una pesada deuda pública que supera los 8 billones de pesos (casi el doble del presupuesto federal de este año), existen razones para preocuparnos.
No obstante, el grueso de la población tiene poca conciencia de esta realidad. Agobiada por la búsqueda de los ingresos para la alimentación del día, no percibe la gravedad de los problemas nacionales, cuya solución no está a la vuelta de la esquina. Superarlos sería extremadamente difícil aun con altos precios del petróleo, pero con el desplome de la cotización de esta materia prima la situación se complicará y aplazará más.
COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
MAL ESTÁ UN PAÍS CUANDO CONSENTIR AGRAVIO AL
ESTADO DE DERECHO REPRESENTA EL MAL MENOR
Los segmentos duros del gobierno y de la sociedad exigen aplica la ley con rigor a quienes dentro de las movilizaciones y la lucha social por causas justas incurren en evidente actos delictivos, como lo presenciamos en el estado de Guerrero. Quienes así piensan y disponen de espacios de opinión en los medios reclaman establecer el estado de derecho.
No mienten quienes así opinan, pero olvidan los numerosos agravios a ese mismo estado de derecho, perpetrados por la impunidad de la delincuencia organizada y la no organizada. De los delitos denunciados sólo el uno o dos por ciento termina con una sentencia condenatoria; el 99 ó el 98 por ciento queda sin castigo, en un evidente y preocupante menoscabo de ese estado de derecho.
Las instituciones correspondientes, federales y estatales, no han sido capaces de evitar los delitos, ni sancionar a todos quienes los cometen. Y por los niveles de impunidad, parece que en el país los más seguro y menos riesgoso es ser delincuente, en una situación sin visos de solución en el corto o en el mediano plazo.
En la práctica el problema de la incidencia delictiva e impunidad es mayor a lo que indican las estadísticas oficiales, porque de acuerdo con análisis de especialistas, sólo se denuncian menos del 20 por ciento de los delitos. Y si el 98 por ciento de los ilícitos denunciados quedan sin sanción penal, los no denunciados son 4 veces más que los contenidos en las carpetas de investigación, por lo que no es irresponsable sostener que nuestro estado de derecho es muy débil y contrario a los intereses de la sociedad.
No es nueva esta realidad; al contrario, data de casi siempre, pero la situación se agravó en los últimos 22 años. Y todavía no hay mucha conciencia social de lo riesgoso que resulta dejar sin castigo al 98 por ciento de los delitos denunciados y sin denunciar un 400 por ciento más que los ilícitos convertidos en carpetas de investigación, conocidas anteriormente como averiguaciones previas.
Esta realidad no debe olvidarse, ni minimizarse por quienes exigen aplicar todo el rigor de la ley a quienes en el marco de las movilizaciones por la muerte y desaparición de alumnos normalistas en Iguala, Guerrero, incurren en evidentes delitos, porque no pueden ser celoso de la vigencia de la ley en unos casos e indiferentes en otros iguales o más agraviantes.
Impedir la libre circulación, incendiar inmuebles públicos y vehículos policíacos, incumplir con obligaciones laborales, como ocurre con los maestros que participan en movilizaciones sociales en horas laborales debe sancionarse, pero también tiene que castigarse los autores de los cerca de millón 500 mil delitos denunciados cada año en el país, y debería preocupar a todos que unos 6 millones de agravios a la ley y a la sociedad ni siquiera se denuncien, por diversas razones, pero fundamentalmente por desconfianza en las instituciones y la certeza de que de todos modos no se obtiene justicia.
En el caso de los delitos perpetrados por grupos participantes en las manifestaciones, es claro que deben ser sancionados, pero lo grava para las autoridades y para la sociedad es que omitir la aplicación de la ley representa el mal menor, pues en un momento de insatisfacción social casi generalizada por las malas condiciones de vida y la falta de seguridad en un mejor futuro cercano, intentar castigar a estos grupos puede tener consecuencias mayores y más inconvenientes para todos. Eso es lo muy delicado.
Interiores
Bajo presupuesto de Poder Judicial; pedirá un aumento para poder trabajar bien Pg. 3
Osorio Chong decidió renunciar en diciembre, pero no se lo permitieron Pg. 5
Mucho o poco, pero todas las escuelas padecen acoso de alumnos contra alumnos Pg. 7
