*El sistema propiciaba la corrupción: se investiga el posible desvío de 123 mil millones de pesos.
De la redaccción
El Seguro Popular no era una institución que brindara atención médica directamente en sus instalaciones para la salud. La idea de que con su desaparición se desmanteló la infraestructura para curar a la población excluida de la seguridad social es falsa, además de haber propiciado corrupción, al grado de que se está investigando el destino de 123 mil millones de pesos y existen en marcha 253 denuncias penales y se han detenido a 30 personas.
Por ignorancia o con fines de desinformación y ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su partido y a la cuarta transformación se insiste en que con la supresión se dejó a las familias pobres sin posibilidades de curar su salud, explicó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.
El Seguro Social era un mecanismo de financiamiento para la prestación de los servicios de salud, que se brindaban y brindan en clínicas, centros de salud y hospitales de los institutos de salud estatales, que en 1982 fueron transferidos por el gobierno federal a las entidades federativas, en la descentralización de los servicios de salud para la población abierta, explicó el funcionario, responsabilizado ahora de coordinar el sistema de salud IMSS-Bienestar, que sustituyó al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI).
Robledo sostuvo que hay desinformación y desconocimiento de lo que fue el Seguro Popular, creado por el gobierno de Vicente Fox Quesada en 2003, porque se piensa que tenía clínicas propias y personal médico responsable de brindar consultas, lo que no era así. Era un mecanismo de transferencia de fondos federales a los gobiernos de los estados para que financiaran los servicios de salud a las familias que no estaban protegidas por el régimen de seguridad social.
La desviación y corrupción fue propiciada por la falta de reglas de operación estrictas del Seguro Popular, puesto que los fondos federales no se entregaban a los institutos de salud, sino a las secretarías de finanzas de los gobiernos estatales, por lo que ya en su poder podían destinarlos a solventar gastos ajenos por completo a los servicios de Salud, recalcó Zoé Robledo.
