De la redacción
Opositores y el Consejo Coordinador Empresarial expresaron su desacuerdo con la declaratoria con que, en forma sorpresiva, mediante un decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo “de utilidad pública” a tres tramos de vías férreas de la empresa concesionada “Ferrosur S. A. de C.V.”, propiedad del Grupo México de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país.
El decretó ordenó también a la Secretaría de Marina a custodiar las instalaciones de la compañía, y anticipó que el Proyecto Interoceánico Istmo de Tehuantepec, tendrá a su cargo cubrir las indemnizaciones, cuyo monto deberá efectuarlo la entidad pública especializada en el tema.
Ferrosur ha estado en el ojo del huracán desde que el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León decidió privatizar la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, en 1998, pues varias veces logró modificaciones al título de concesión y, finalmente, recibió una concesión para excluir rutas que se incluían en dicha concesión.
En un principio fue adjudicada a Carlos Slim, quien en 2005 la vendió a Germán Larrea. En diciembre del año pasado en forma irregular, el anterior secretario de Infraestructura y Comunicaciones, Jorge Arganis Díaz-Leal firmó un convenio con Grupo México, para que su filial Grupo México Transporte construyera cerca de 100 kilómetros de vías férreas, que intercomunicarían ese tramo con el tren Interoceánico.
El contrato tuvo cláusulas leoninas en contra del gobierno, y se consideró violatorio de la legislación aplicable, porque para ello debió otorgarse una concesión a Larrea, pues era concesionario sólo para transportar carga. No se ha explicado en qué terminó el problema, pero ahora se tomó esta decisión, porque los tramos intervenidos son estratégicos para el proyecto Interoceánico.
