*El grupo también se encuentra en negociaciones con la 4T por Ferresur.
De la redacción
Germám Larrea, el segundo hombre más rico del país y dueño de Grupo México, sufrió dos reveses en menos de una semana: perdió la concesión de tres tramos, que en conjunto representan 117 kilómetros de vías férreas, en Veracruz, incluido el permiso para transportar mercancías; y fue descartado como posible comprador de Citibanamex.
El empresario, cuya inmensa fortuna la acumuló mediante el tráfico de influencia desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, no podrá comprar el citado banco, que también perteneció al gobierno y fue privatizado en beneficio de otro amigo de los intereses neoliberales, Roberto Hernández, quien después en tiempos del gobierno de Vicente Fox, lo vendió a Citigroup.
Esta empresa financiera de alcance global anunció ayer que canceló las negociaciones con Larrea, por el problema que éste enfrenta con el gobierno mexicano, después de la ocupación temporal de sus instalaciones por marinos. Es segura la ocupación permanente de esos tres tramos de vías férreas, porque se necesitan para el proyecto interoceánico, que unirá los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz ,y Salina Cruz, Oaxaca.
Larrea, quien no sólo acumuló dinero en las últimas décadas, especialmente con la actividad minera (se quedó con la empresa Cananea), que también pertenecía al gobierno, y adquirió concesiones de la compañía pública Ferrocarriles Nacionales de México, de parte del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, era intocable y no pagó impuestos sobre sus ganancias hasta que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador.
Citigroup lo descartó como comprador de Banamex, y ahora Grupo México negocia con el gobierno federal los términos de la devolución de la concesión de los 117 kilómetros de vías férreas pertenecientes a su empresa Ferrosur. Inicialmente pidió 9 mil 500 millones de pesos como indemnización, pero el monto fue rechazado por excesivo.
Tiene poco margen para negociar, porque las vías en cuestión fueron declaradas de “utilidad pública” y pueden ser expropiadas, con pago de indemnización, cuyo monto fijará el área gubernamental especializada en valuaciones. Además, están por vencerse algunas concesiones del transporte férreo de carga, por ello no podrá imponerle condiciones al gobierno, por más dinero que tenga. Por cierto, hay información de que financia a organizaciones dedicadas a boicotear con amparos la ejecución de los megaproyectos de obras del presidente López Obrador.
