COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
FACCIOSOS, LOS MÁS FAMOSOS CONSTITUCIONALISTAS
Los más famosos abogados constitucionalistas, casi todos en la nómina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y antes en las de los gobiernos neoliberales, como Diego Valadés, salen furiosos a los debates por supuestas violaciones a la Constitución por parte del actual Poder Ejecutivo Federal, inclusive cuestionan antes de tiempo la constitucionalidad de la probable expropiación por utilidad pública de tramos ferroviarios de la empresa “Ferrosur S. A. de C. V.” de Germán Larrea.
No obstante, guardaron absoluto silencio cuando desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y hasta el de Felipe Calderón, la Constitución del país fue violada sistemáticamente; sobre todo, en la actividad petrolera y la de generación de energía eléctricia. La Máxima Norma del país prohibía en todo ese tiempo la participación privada en ambos campos.
Estaban reservados al Estado Mexicano, pero mediante reformas a leyes secundarias, se permitió el saqueo de fondos públicos y en el caso del petróleo, de recursos naturales no renovables. Los cambios a leyes reglamentarias violaron la Constitución abierta y permanentemente, sin que los ahora férreos defensores del constitucionalismo alzaran la voz.
Nunca demandaron frenar las actividades privadas en esos sectores estratégicos para el desarrollo nacional, ni se preocuparon de señalar la anulación de facto de la vigencia de la Constitución en las actividades que en ésta estaban reservadas exclusivamente a Petróleos Mexicanos (PEMEX), a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC).
Mejor el presidente Enrique Peña Nieto se ocupó de terminar con esa violación permanente a la Constitución, aunque lo hizo modificándola, para que la explotación del petróleo y la generación de energía eléctrica por particulares tuvieran bases constitucionales. Lo consiguió en el 2014, cuando los legisladores del PRI, PAN y PRD acataron las órdenes presidenciales y modificaron el marco constitucional.
El político mexiquense es calificado de entreguista, pero no lo pueden acusar de haber violado la Constitución, como sí lo hicieron, ante la indiferencia de los ahora biliosos defensores del marco constitucional, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
Los constitucionalistas facciosos tampoco se preocupan por la permanente violación a la ley de leyes mexicanas, que representan los sueldos de ministros y más de mil altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los órganos con autonomía constitucional, como el INE, el TEPJF e INAI, que son dos y hasta tres o más veces al ingreso del presidente de la República, lo cual está prohibido expresamente.
No puede haber comportamiento más faccioso que el de estos constitucionalistas, quienes sólo condenan las presuntas violaciones cuando se trata de actos como la ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo, el fortalecimiento de las empresas públicas o la moderación del dispendio de fondos públicos.
