*Además, 2 mil funcionarios violan la disposición constitucional sobre sueldos.
GABRIEL L. VILLALTA
Los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) constituyen una casta dorada. No sólo violan disposiciones constitucionales al tener sueldos mayores a los del presidente de la República, sino también sus prestaciones resultan ofensivas para los asalariados mexicanos, cuyo ingreso promedio es de 16 mil pesos mensuales, con 5 millones que ganan apenas 6 mil pesos cada 30 días.
De acuerdo con un análisis comparativo de “El Espectador” a la información estadística sobre las condiciones de sueldos y prestaciones de quienes integran el cuerpo o cúpula de la SCJN, cada ministro y ministra gana casi 300 mil pesos mensuales, pero reciben un aguinaldo de 588 mil pesos, equivalentes a lo que tardaría 8 años ahorrando su sueldo entero un trabajador del salario mínimo. Es decir, un trabajador debe trabajar ese número de años sin gastar un solo peso para ganar la suma recibida cada fin de año por la cúpula del máximo tribunal constitucional.
Reciben igualmente un apoyo para alimentarse fuera de las instalaciones de la Corte. Para ello les entregan 720 mil pesos al año, suma igual a la de 10 años de salario mínimo. Esto por si no quieren alimentarse en el restaurante de la institución, donde pueden pedir comida a la carta y bebidas alcohólicas. Los trabajadores, aun los de minisalario, pagan de sus ingresos la comida que consumen.
De la misma forma, en un país donde millones de familias compran tiempo aire para teléfonos móviles desde 20, 50 y 100 pesos, ministras y ministras disponen de 6 teléfonos celulares de la más alta gama, con ilimitadas llamadas y datos, tanto para ellos y ellas como para sus familiares.
Su condición de casta dorada se expresa igualmente en un seguro para gastos médicos mayores hasta por 30 millones de pesos, para en caso de enfermarse ser atendidos en los mejores hospitales privados del país, mientras la mayoría de la población no dispone de mil pesos para una consulta en la medicina privada.
Los 11 integrantes del cuerpo de ministras y ministros tampoco pagan de su bolsa el transporte para ir al trabajo y regresar a sus domicilios. Para ello disponen de dos camionetas “Suburban” blindadas, con valor de tres millones de pesos cada una.
Los vehículos son cambiados cada dos años por otros de último modelo, y al terminar la gestión, la SCJN se las regala, además de que reciben 23 mil pesos mensuales para compra de gasolina.
La SCJN es la facultada para hacer respetar la Constitución; es decir, para decidir si una ley es o no constitucional; y quién de las partes involucradas en una controversia constitucional tiene la razón, pero no respeta lo que ordena la Máxima Ley del país en lo que hace a que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente de la República.
