*La corrupción del Grupo era común en los gobierno de todos estados.
De la redacción
(Tercera parte)
En abril de 1986 el gobernador Alfredo del Mazo González obtuvo licencia legislativa para dejar el cargo e incorporarse al gabinete del presidente Miguel de la Madrid. Dejó vacante la conducción de los destinos estatales. Hubo intento de la clase políticas priista mexiquense de imponer al sucesor, para un período de un año y casi 5 meses. Ni eso pudo conseguir el mítico “Grupo Atlacomulco”.
De la Madrid Hurtado y del Mazo González decidieron el nombre del relevo: Alfredo Baranda García, quien era secretario de Finanzas, oriundo de la Ciudad de México y avecindado en Toluca apenas 4 años y medio antes. Por ningún lado se vio el poder decisivo en materia política e institucional de un “Grupo Atlacomulco”.
Sobre el tema, el extraordinario periodista mexiquense Francisco Cruz Jiménez investigó, y producto de su trabajo indagador publicó un libro, en el cual acreditó el parentesco de Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto. Revisó documentación oficial del registro civil y religioso, escudriñó la genealogía de uno y otro para despejar cualquier duda sobre los lazos familiares de los dos políticos mexiquenses nacidos en esa ciudad del norte del Estado de México.
No obstante, no probó, y no era esa su intención, que después de que don Isidro Fabela Alfaro impuso la candidatura de Alfredo del Mazo Vélez para gobernador, un “Grupo Atlacomulco” o un cacique mexiquense del perfil de Gonzalo N. Santos de San Luis Potosí: o de Rubén Figueroa Figueroa, en Guerrero, haya impuesto a alguien como candidato a gobernador. Todos fueron impuestos por el presidente de la República en cada caso.
Ni siquiera la corrupción que la opinión pública nacional percibe como sinónimo del “Grupo Atlacomulco” le estuvo patentada. Toda la clase política priista gobernante de todos los estados era igualmente corrupta, o hasta más, con la diferencia de que la de la entidad mexiquense era cercana a la población y resolvía sus problemas.
No podía ser de otra manera: hasta diciembre del 2000 México padeció presidentes de la República poderosos, autoritario, antidemocráticos, verticales, atropelladores de la voluntad y soberanía de los estados y de los poderes Legislativo y Judicial.
En estas condiciones, sólo con mucha ingenuidad y escasa capacidad reflexiva puede pensar que un grupo político estatal podía designar candidato a gobernador mexiquense, una entidad federativa que abraza por tres de los cuatro puntos cardinales a la capital del país.
Los presidentes impusieron en forma unilateral a los gobernadores Salvador Sánchez Colín (1951-1957), Gustavo Baz Prada (1957-1963), Juan Fernández Albarrán (1963-1969), , Carlos Hank González (1969-1975), Jorge Jiménez Cantú (1975-1981), Alfredo del Mazo González (1981-1987), que no terminó su sexenio; Mario Ramón Beteta Monsalve (1987-1993), que tampoco concluyó su período; y a Emilio Chuayffet Chemor (1993-1999), de sexenio igualmente incompleto.
Sólo hasta 1999 la clase política priista estatal pudo anular el intento de un presidente de imponer candidato a gobernador: Ernesto Zedillo decidió que se postulara a Humberto Lira Mora, pero fracasó. El grupo en el poder acordó que la postulación se decidiera en consulta a las bases priistas, y así ganó Arturo Montiel Rojas, mientras que el favorito del mandatario federal quedó en tercer lugar.
