*Por un hospital arrendado a particulares paga un millón de pesos diarios.
De la redacción
El gobierno federal iniciará negociaciones con empresas particulares con las cuales tienen contratos de arrendamiento de 10 hospitales del sistema Asociación Público-Privada (APP), heredados por Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Las conversaciones las llevará a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tendrán como finalidad modificar los términos de los compromisos contractuales, para reducir los montos que se cubren por los arrendamientos. Son excesivamente elevados.
Como ejemplo de lo oneroso de los arrendamientos de hospitales el mandatario citó el caso de un hospital que un particular arrienda al ISSSTE en Yucatán, por el cual cubre un millón de pesos diarios.
Las negociaciones seguirán el mismo esquema aplicado con las empresas que, también mediante la APP, construyeron 8 penales, que rentan y cobran al gobierno federal por cada preso que albergan en sus instalaciones.
Les prestan adicionalmente el servicio de alimentación y por todo llegan a cobrarles a las autoridades hasta seis mil pesos diarios, como si se tratara de hoteles de lujo, con la agravante de que los cobros establecidos en los contratos se determinan por el cupo total de cada reclusorio.
De esta forma, si sólo se ocupa la mitad de la capacidad instalada, de todos modos por obligación contractual debe pagarse como si los penales estuvieran ocupados al ciento por ciento de su capacidad.
Entre los dueños de penales y de los hospitales figura la familia los Vázquez Aldir, propietarios de la cadena de televisión “Imagen” y del diario impreso “Excelsior”, dos de los medios informativos mexicanos de cobertura nacional más críticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los hermanos Vázquez Aldir siguen irritados porque el mandatario canceló el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que se construía en Texcoco, en cuyo proyecto tenían el contrato de mayor monto. Y aun cuando fueron indemnizados, no quedaron conformes con que les cancelaron la posibilidad de construir la principal pista de esa frustrada terminal aérea.
Tampoco les gustó que en las renegociaciones de los contratos de arrendamiento de reclusorios les redujeran los montos que recibían y mucho menos que les hubieran cancelado la cláusula que les permitía conservar la propiedad de sus cárceles cuando terminara la vigencia de los contratos. Inexplicable e indebidamente los anteriores presidentes rompieron con la normatividad para estos casos, que ordenaba que al terminar la vigencia de los contratos, los bienes arrendados pasarían a manos de las autoridades. Eso se restableció, pero irritó a los Vázquez Aldir.
