*La FGJEM se desistió de los cargos, para que la sentenciada no permaneciera presa.
De la redacción
Duro golpe a la imagen de la impartición de justicia mexiquense representó su sentencia condenatoria de 6 años y 2 meses dictada contra Roxana Ruiz Santiago, acusada de matar a un hombre que la agredió y violó. La jueza Mónica Palomino se vio obligada a revocar su fallo, por intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien se desistió de la acción penal y reconoció que hubo legítima defensa.
Además, le impuso una multa de 7 mil 748 pesos, el pago de 196 mil 267 pesos por reparación integral del daño. Y por si no fuera suficiente, la condenó a pagar otros 89 mil 620 pesos por daño moral. La joven pasó 9 meses presa en el penal Neza-Bordo.
La sentencia condenatoria, dictada, por cierto, por una jueza penal de Nezahualcóyotl, generó irritación y un escándalo a escala nacional; sobre todo, porque el delito fue calificado de exceso de defensa propia por parte de la joven violada, originaria de Oaxaca.
Se organizaron manifestaciones para repudiar la resolución judicial, pues la joven iba a ser asesinada por su violador y no le quedó otra alternativa que optar entre su vida o la del agresor.
El Poder Judicial quedó evidenciado como “machista” y favorecedor de delincuentes peligrosos, violadores de mujeres, y revictimizador, y la sentencia condenatoria fue repudiada incluso por la comunidad nacional.
En sentido contrario, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reconoció que la joven Ruiz Santiago actuó en legítima defensa, por lo cual se desistió de la acción penal en el caso.
El fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, ordenó a la Fiscalía Central para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género atraer y atender el caso a partir del criterio de que la víctima estaba en estado de vulnerabilidad frente al violador.
Los hechos ocurrieron en 2021, en Ciudad Nezahualcóyotl, y el caso fue condenado en su momento por grupos defensores de derechos humanos y contra la violencia de género, pero el proceso siguió su trámite y concluyó con la sentencia condenatoria, que deberá revertirse, por el desistimiento de la Fiscalía General de Justicia.
Dicha representación social sostiene que en el caso de Ruiz Santiago está claro que actuó en legítima defensa. Por su parte, grupos feministas denunciaron que el hecho no se investigó con perspectiva de género.
El Poder Judicial del Estado de México atendió el desistimiento de la FGJEM, pero aun en esa situación, su imagen fue dañada por la actuación de la jueza que resolvió lo del exceso de defensa propia, como si el mejor desenlace en la comisión del delito hubiera sido la muerte de la víctima de violación, en lugar de la del violador.
