*En México financia a organizaciones civiles opositoras al gobierno de la cuarta transformación.
De la redacción
El Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene su política injerencista en México, mediante la entrega de dinero a organizaciones no gubernamentales, que en la práctica desarrollan actividades opositoras al presidente Andrés Manuel López Obrador, como es el caso de “Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad”.
La dirigente de la organización que fundó Claudio X. González, María Amparo Casar, quien fue jefa de asesores de Santiago Creel, cuando éste fue secretario de Gobernación de Vicente Fox Quesada, reconoció que recibe fondos de la embajada estadounidense, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Ese financiamiento a opositores tensó las relaciones diplomáticas de México y Estados Unidos; sobre todo, porque el gobierno del vecino país, lejos de atender la solicitud del presidente López Obrador de cesar el apoyo económico a sus adversarios, decidió aumentar el monto de los fondos a México.
María Amparo Casar explicó que recibe dinero de más de mil donantes, entre los cuales destaca la USAID, pero sostuvo que el gobierno mexicano también obtiene fondos de esa Agencia. El problema es que es muy distinto el apoyo de gobierno a gobierno, que el dinero a grupos opositores.
La USAID es vinculada con la CIA, y financia grupos opositores en numerosos países de América Latina, África, Asia y Europa, generalmente en naciones con gobiernos que no se someten a la política exterior estadounidense.
En México, parte del financiamiento recibido de la USAID fue destinado a pagar abogados para que promovieran amparos en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) y el Tren Maya.
Es decir, para frustrar la construcción de infraestructura para el desarrollo, precisamente lo que teóricamente impulsa la USAID, pero hace lo contrario. Eso prueba que la Agencia tiene encomendada la misión de debilitar gobiernos de corte progresista, no sumisos a Washington.
LA ESTERILIZACIÓN DE INDÍGENAS PERUANAS
La USAID generó un escándalo gigantesco cuando se conoció que financió la campaña de esterilización de mujeres indígenas peruanas, entre 1996 y el 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, títere y sumiso a Estados Unidos.
Más de 270 mil mujeres y 22 mil hombres de 55 grupos originarios peruanos fueron esterilizados, pero el problema fue que miles lo fueron sin su consentimiento, ni conocimiento; es decir, fueron esterilizaciones forzadas, tipificadas por el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad.
La influencia y control de los grandes medios informativos latinoamericanos por parte de Estados Unidos permitió ocultar, minimizar o soslayar la participación de la USAID en ese crimen, pero quedó acreditado su financiamiento de 36 millones de dólares para el programa fujimorista, denominado “Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria”, que nada tenía que ver con el desarrollo. Ese es uno de los muchos antecedentes del injerencismo de Estados Unidos, vía USAID, en las naciones.
