*Baja, en cambio, la confianza en las diferentes áreas de la institución.
De la redacción
A un año de haber asumido el cargo, los esfuerzos del fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, por recuperar la confianza ciudadana en la institución no han tenido el éxito buscado. De acuerdo con el contenido de su primer informe de actividades, presentado a la representación popular del Estado, la percepción del fenómeno de la corrupción en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México creció.
Como consecuencia, bajó el porcentaje de confianza en la institución, a pesar de medidas como la rotación de agentes del ministerio público, de policías de investigación, peritos y personal de otras áreas. Fueron 920 cambios de adscripción en las 13 regiones en que tiene dividido al Estado. Muchos funcionarios llevaban hasta 20 años en el mismo lugar, con todo el riesgo potencial de crear intereses con grupos delictivos.
Cervantes Martínez cuenta con apoyo de las fuerzas armadas, porque su padre, el general de división, Enrique Cervantes Aguirre, fue secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Con ese respaldo, desde que asumió el cargo de Fiscal general mexiquense inició la depuración de la Fiscalía, donde existían grupos de agentes policiacos dedicados o involucrados en la protección a secuestradores, extorsionadores y al robo de vehículos.
No obstante, la percepción sobre la corrupción en la institución creció y se colocó por encima de la media nacional, que ya es muy alta, mientras la confianza ciudadana en las diferentes áreas de la Fiscalía bajó y también se ubicó por debajo del promedio nacional, también ya reducido para instituciones definidas como “de buena fe”; es decir, a pesar de los esfuerzos por mejorar el funcionamiento y resultados, en un año sigue la desconfianza y crece la idea de que hay mucha corrupción.
La eficacia de la FGJEM, medida en el número de carpetas de investigación integradas y judicializadas, comparado con el de las iniciadas por las denuncias de los agraviados, es baja.
Y mucho más reducida en su efectividad en el caso de las sentencias condenatorias que obtiene de los jueces penales contra delincuentes, lo cual se traduce en una alta impunidad, que en los hecho es mucho mayor porque en suelo mexiquense sólo se denuncia menos del 5 por ciento de los delitos cometidos y las sentencias condenatorias no representan ni el tres por ciento de las carpetas de investigación abiertas cada año.
