*Se terminarían en 2 años y después las empresas cobrarían más de 15 mil mdp.
De la redacción
El programa de rehabilitación, mantenimiento y conservación de mil 600 kilómetros de carreteras de la región sur del Estado registra un fuerte retraso. Las empresas ganadoras del contrato debían concluir sus trabajos en 2021 y a menos de tres meses y medio de concluir el sexenio del gobernador Alfredo del Mazo, llevan un avance de apenas el 30 por ciento.
El grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados Locales dio a conocer el gran problema que dejará el mandatario en la red carretera del sur, abandonada durante décadas y que se buscó resolver mediante el esquema de Asociación Público-Privada (APP).
En el programa, aprobado por la Legislatura Local en 2019, que pretendía beneficiar a 48 municipios, las empresas se comprometieron a concluir la rehabilitación y dejar en perfectas condiciones los mil 600 kilómetros en dos años.
Después el gobierno comenzaría a pagar una especie de renta por un monto cercano a los 16 mil millones de pesos en un período de 12 años. A estas alturas los caminos del sur deberían llevar dos años en buenas condiciones y apenas el 30 por ciento de la longitud contratada no presenta deterioro grave.
La opacidad es otra de las características de la figura de Asociación Público-Privada. En este caso se ignora si las empresas concesionarias, “VISE S. A. de C. V.” e “Impulsora de Soluciones en Infraestructura S. A. de C. V.” fueron penalizadas por el incumplimiento de contrato.
Tampoco hay información respecto de si comenzó a pagarse el monto de cerca de 16 mil millones de pesos, que debía cubrirse a partir del término los trabajos; es decir, si sólo se paga el 30 por ciento del monto de las anualidades, lo cual ya sería una irregularidad, porque el compromiso era que el pago iniciaría cuando las carreteras surianas estuvieran en perfectas condiciones.
Las APP y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) son figuras jurídicas muy criticadas, porque constituyen mecanismos de saqueo de fondos públicos, pues lo mismo en la rehabilitación de carreteras, que en la construcción y operación de hospitales y de centros culturales, los proyectos se encarecen sobremanera, pero adicionalmente fijan pagos elevados por la participación privada.
Y adicionan también las empresas concesionarias cobros de altos intereses, por lo que al final las obras y su operación salen varias veces más caras que si las autoridades las construyeran con créditos bancarios.
Muchas veces las empresas beneficiadas con contratos de PPS o APP para darle mantenimiento a carreteras y vialidades no cumplen y el gobierno es quien hace los trabajos. Por la opacidad, se ignora si las multa o siquiera deja de pagar por las tareas que no realizan.
