*El diputado Isaac Montoya presentó una iniciativa para ese fin.
De la redacción
Las contralorías municipales, criticadas por su inutilidad social, pues sus titulares son nombrados y nombradas por y a propuestas de los alcaldes o alcaldesas, deben ser designados mediante procesos democráticos, propuso el diputado Isaac Montoya Márquez.
Al respecto, el legislador sostuvo que estos órganos internos de control se encuentran subordinados a presidentes y presidentas de los municipios, y no tienen autonomía administrativa ni de gestión. Desde hace muchos años se cuestiona que las contralorías municipales invariablemente las ocupen personas allegadas a los alcaldes o alcaldesas, por lo que no sólo carecen de autonomía administrativa y de gestión, sino también le deben el cargo lealtad a los gobernantes.
Montoya Márquez criticó que a los titulares de las contralorías municipales se les remueve de los cargos cuando quieren cumplir con sus funciones e incomodan a los alcaldes o alcaldesas. Por esta arzón no se combate y mucho menos se erradica la corrupción, que en el Estado de México crece año con año, en lugar de bajar, como lo muestran los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021.
Detalló que en el Estado de México la corrupción va al alza, pues en el 2013 el 16.3 por ciento de la población experimentó en carne propia un acto de corrupción.Ese porcentaje subió hasta el 17.7 por ciento en el 2019; y se ubicó en el 20.7 por ciento en el 2021; es decir, el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, lejos de erradicar el fenómeno de la corrupción, se incrementó.
El representante popular se refirió a la gran improvisación de quienes ocupan la titularidad de las 125 contralorías municipales, pues apenas el 27.9 por ciento recibió capacitación para desempeñar sus funciones, mientras que 72.1 por ciento desempeña los cargos en condiciones de improvisación.
Las contralorías municipales son órganos internos de control de los ayuntamiento, cuya función es la de prevenir, detectar y sancionar la corrupción de los servidores públicos municipales, lo que casi no hacen, porque los titulare se nombran a propuesta de quien gobierna en un momento dado el municipio.
