CORRUPCIÓN, CON PERNICIOSOS
EFECTOS MULTIPLICADORES
LOS DAÑOS DE LA CORRUPCIÓN SON MAYORES PARA
LA SOCIEDAD, Y NO SE PUEDEN MEDIRSE FÁCILMENTE
La corrupción de las cabezas de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales federales y de los estados, ayuntamientos y organismos autónomos, descentralizados y auxiliares, y de los funcionarios de distintos niveles siempre fue condenada. En mayor o menor medida, tuvo rechazo de la población, aunque ésta careció de información exacta sobre la magnitud e impacto social perniciosos del fenómeno.
Por lo general se reflexionó y criticó el enriquecimiento ilegal de los funcionarios de todos los niveles, quienes además de corruptos eran ostentosos y no ocultaban sus bienes adquiridos con fondos de procedencia ilícita, pero se pensó que las consecuencias negativas de la corrupción terminaban y se limitaban a los montos de fondos o bienes públicos sustraídos del patrimonio del país, los estados y municipios.
Apenas en estos tiempos comienza a dimensionarse el daño que ocasiona la corrupción de los servidores públicos, y a reflexionarse sobre el impacto negativos en las condiciones de vida y bienestar de la población, la más perjudicada de diversas formas por el fenómeno, sin que se identificara este efecto de las acciones corruptas.
Las reflexiones del titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Universidad Autónoma del Estado de México y ex contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, sobre la urgencia de la prevención, combate y castigo a los corruptos representa una gran aportación al análisis del problema, y resulta oportuna, porque estamos a pocas semanas del cambio de titular del Poder Ejecutivo mexiquense, que por primera vez en su historia será una mujer y proveniente de un partido opositor de izquierda.
No obstante, hace falta profundizar sobre los alcances de la corrupción en la sociedad, y sobre la participación del sector privado en el daño al erario, que también apuntó el jefe del OIC de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, porque siempre se condena la corrupción de los servidores públicos, cuando los fondos y bienes públicos sustraídos benefician, posiblemente más, a los dueños de las empresas contratantes del poder público que a sus cómplices gubernamentales.
Se requiere también analizar a fondo la otra vertiente del daño de la corrupción en la sociedad, porque la apropiación de recursos presupuestales por los corruptos de los sectores público y privado impide que se atiendan las necesidades de la población, pero también por ese contubernio obras públicas y bienes adquiridos son de mala calidad, por lo que se deterioran rápido, en perjuicio directo de quienes son objeto de las acciones de gobierno. Y esto casi no se analiza. Se procede como si estos efectos perniciosos no existieran.
En el Estado la corrupción de los servidores públicos no se castiga. Queda impune, y menos la que practican los particulares que venden con sobreprecios bienes, servicios y construyen obras públicas a las autoridades estatales y municipales. No se conoce un solo caso de un empresario encarcelado por participar en el saqueo de fondos y bienes públicos, y el fin de la impunidad debe incluirlos también.
