*La SCJN invalidó todos los cambios al marco jurídico electoral federal aprobados por el Legislativo.
De la redacción
Autoridades electorales administrativas federales organizarán el proceso para elegir presidente de la República, senadores y diputados federales, y establecerán la coordinación con sus pares de las entidades federativas con las reglas vigentes y que se aplicaron en el 2021.
La reforma electoral legal o plan “B” aprobado por las dos cámaras del Congreso de la Unión fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por mayoría calificada de 10 votos a favor y 2 en contra. La primera parte de estos cambios ya habían sido declarados sin validez en mayo pasado.
La resolución del máximo tribunal constitucional del país no discutió propiamente el fondo del asunto; es decir, la inconstitucionalidad de los contenidos de las reformas, sino el procedimiento para aprobarse. En especial se consideró que no se justificó, ni motivó el trámite de las iniciativas mediante la figura de “urgente y obvia resolución”.
De la misma la mayoría calificada de ministros consideró violatorio de normas internas de las cámaras del Congreso de la Unión el no haber entregado con la debida antelación a los legisladores copias de las iniciativas; que se publicaron en la Gaceta del Poder Legislativo y que no se respetó el principio de la libre deliberación
Con esta resolución quedó sin efecto todo el paquete de leyes que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, para imprimir racionalidad en el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) en el futuro.
El mandatario impulsó esta reforma electoral después de que la reforma constitucional que propuso fuera rechazada en el Poder Legislativo, la cual sí modificaba radicalmente las condiciones de la lucha por el poder en México y cuantitativamente también la representación popular.
Esa reforma proponía reducir de 500 a 300 el número de diputados federales, con la desaparecieron de los de representación proporcional y dejar sólo los de mayoría. La iniciativa igualmente trataba de que disminuyera el número de senadores; sobretodo, los de lista.
La reforma constitucional rechazada intentaba también desaparecer los organismos electorales locales y que la organización de todos los procesos comiciales, federales o locales, estuviera a cargo del INE.
Después de frustrase esos objetivos, el presidente López Obrador buscó al menos reducir el gasto del INE, que a eso se limitó la reforma electoral legal, pero fue impugnada por los partidos de oposición, el INAI y senadores y diputados. Y la SCJN le dio la razón a los quejosos.
El fallo a los numerosos recursos de acción de inconstitucionalidad es inatacable; es decir, es definitivo, porque no hay instituciones a las cuales acudir para revertirlo, por lo que todo quedó como estaba antes de que el presidente López Obrador presentara sus iniciativas de reforma constitucional y legal.
